Vitoria, 3 feb (EFE).- El Gobierno Vasco está desestimando las peticiones de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado como víctimas de motivación política porque sus casos, haber sido víctimas de ETA, no se corresponden con violaciones de derechos provocadas «por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal».
El Ejecutivo de Vitoria ha recibido 1.220 peticiones de reconocimiento, por ley, como víctimas de vulneraciones de derechos por violencia de motivación política entre 1960 y 1999, y una cuarta parte de ellas, unas 300, son guardias civiles.
En sus dictámenes, individualizados, la comisión de valoración de estas peticiones explica que ha podido determinar que los solicitantes son miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en unos años determinados, como entre 1963 y 1999 en un caso, que relatan «haber sufrido violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno».
Se recuerda que el espíritu de la ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en la comunidad autónoma es «amparar aquellas violaciones de derechos humanos que tienen su origen en la intervención de funcionarios públicos o particulares que, de alguna manera, han contado con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de instancias públicas».
Insiste la comisión, por unanimidad, que la violación de los derechos humanos para tener encaje en el ámbito de aplicación de esta ley debe tener «un nexo más o menos inmediato con la actividad de los poderes públicos y del Estado».
«Si se perdiera la conexión con la actuación del Estado, la apertura del ámbito de la ley sería total y con ello se diluiría por completo su objeto de regulación, invadiendo otros sectores de regulación ajenos al mismo como, por ejemplo, el propio y específico del terrorismo», recalca.
Por ello, la comisión entiende que las solicitudes cursadas por miembros de las FSE destinados en el País Vasco, que «describen haber sufrido violencia, agresiones u otro tipo de actuaciones de terrorismo» por ETA o su entorno, «no se hallan incluidas en el ámbito» de esta ley.
En la argumentación desestimatoria se insiste en que no se trata de violaciones de derechos por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia estatal, «ni existe nexo inmediato ni funcional con la actividad de los poderes públicos y del Estado».
Esta denegación, firmada por el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez, también se ha dado para casos de personas que sufrieron «violencia de motivación política por parte de ETA o elementos de su entorno», sin ser miembros de las fuerzas.
La argumentación en estos casos es similar y se basa en que sus victimarios no tuvieron «conexión con la actuación del Estado».
Se reitera que es cierto que para establecer una vinculación con el Estado no es «requisito inexcusable» ser personal funcionario, ya que se admite que la violación de los derechos pudieron llevarla a cabo «particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual o incontrolada».
Aclara que entender «este inciso como una apertura a la inclusión en el ámbito de cualquier tipo de actuación de motivación política es tanto como ignorar la voluntad de la ley».
En las resoluciones del viceconsejero se recoge que contra ellas se podrán interponer recursos de alzada en el caso de un mes a partir del día siguiente a su notificación. EFE
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