El proceso de privatización de la empresa pública CESCE sigue su curso y los empleados de esta sociedad, cuyo objeto social es asegurar a las empresas de los riesgos de impago derivados de las ventas de sus productos y servicios en el exterior, parecen temer por sus condiciones laborales e incluso por sus puestos. Mientras tanto, un conflicto de intereses en la venta de la Sociedad abre una brecha entre De Guindos y Montoro.
La idea de la venta comenzó en 2011, tras la llegada del PP al Gobierno. Desde ese momento, según fuentes consultadas por EstrellaDigital.es, De Guindos mostró un especial interés por acelerar este proceso de venta e incluso hacerlo a un coste bastante asequible para los inversores privados. En concreto, la compañía fue tasada en unos 250 millones de euros por Price Waterhouse. Álvaro Bustamante, nombrado poco antes presidente de CESCE, apoyó desde el primer momento la venta. Cabe recordar, que Bustamante, que acudió a la toma de posesión del actual ministro de Economía, mantiene según fuente consultadas una relación de amistad con Luis de Guindos.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió parar la privatización y pidió una tasación independiente a la de PwC, según las mismas fuentes, una valoración hecha «con más calma y tiempo», sin las urgencias tempranas de la crisis en aquellos primeros meses del PP en el poder. La nueva valoración fue de 600 millones de euros, es decir, más del doble de la primera estimación encargada por el ministro de Economía.
El mar de fondo pollítico que está teniendo la venta de esta empresa con capital público está frenando el interés de muchos compradores, por lo que la batalla, de momento, la gana Montoro. Además, la Ley de privatización sólo fue aprobada en su día por el Partido Popular, con el rechazo de las demás formaciones políticas. Ningún inversor, un sector precavido por naturaleza, parece echarse hacia delante en la incertidumbres de esta operación.
Las mismas fuentes consultadas, aseguran que varios altos cargos del CESCE tienen ganas de ver realizada la privatización. El rumor en la casa es que la llegada de capital privado supondrá un aumento de emolumentos en la alta dirección, lejos de las estrecheces salariales que impone el Estado en una empresa cuyo 52% es de capital público.
Otra derivada de esta privatización que no llega es la inquietud de los trabajadores de CESCE ante la llegada de capital privado y el mantenimineto de su puesto de trabajo. La lucha por defender los derechos de los empleados de esta empresa está hoy liderada por Antonio O'Connor, presidente del Comité de Empresa. El líder sindical, a través de varias cartas dirigidas a Álvaro Bustamante, presidente del CESCE; a Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio y a Luis de Guindos, ministro de Economía, ha trasladado el malestar de todos los trabajadores de la compañía por la privatización de la misma, además de «no entender el motivo de su venta» porque se ha demostrado que «una empresa puede pertenecer al Estado y al mismo tiempo tener éxito». CESCE ha tenido unos beneficios en el último año de 40 millones de euros.
A pesar de ello, en las cartas se muestra un respeto absoluto por la decisión política aunque «consideran necesario que se manifieste exprésamente el respeto a sus derechos y, sobre todo, a su empleo». Hasta la fecha, ninguna de las cartas ha obtenido respuesta. Un hecho que preocupa a los mas de 400 trabajadores de CESCE. Aunque, de momento, no se plantean ninguna movilización ni huelga, es algo que no descartan. Los empleados no comprenden los motivos de la venta de una empresa que da beneficios a un precio tan bajo como el que pretende De Guindos.