Madrid, 18 dic (EFE).- Las víctimas del Talgo 04144, perteneciente al servicio de Renfe Alvia, siniestrado en Santiago de Compostela hace siete años, siguen su lucha para que se conozca la verdad sobre el accidente, en el que murieron 80 personas y otras 152 resultaron heridas, y se depuren responsabilidades.
La asociación Plataforma Víctimas Alvia 04155 ha iniciado este viernes los trámites para demandar al Ministerio de Transportes y a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (Ciaf) por su falta de independencia e incumplimiento de la normativa en relación con la investigación de la tragedia.
Tras el procedimiento de infracción abierto a España por la Unión Europea (UE) y la negativa a investigar el accidente como exige Europa, la asociación ha decidido acudir a los tribunales contencioso-administrativos.
Como paso previo, la asociación ha entregado en el ministerio un documento con varias peticiones en vía administrativa y, en caso de no obtener respuesta en tres meses o que la misma sea desestimatoria, iniciará el proceso judicial, ha señalado a Efe su presidente, Jesús Domínguez.
En un informe de 2016, la UE, a través de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), consideró que el Gobierno español no había cumplido con la obligación de investigar la tragedia, poniendo de manifiesto la falta de independencia y la invalidez de la investigación realizada por la Ciaf, ya que no había analizado las causas de raíz, precisamente aquellas que afectan al propio ministerio, Adif y Renfe.
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CONTRA ESPAÑA
El informe concluyó diciendo que deberá abrirse una investigación que cumpla con los requisitos de independencia y objetividad.
En enero de 2019, la Comisión Europea (CE) inició un procedimiento sancionador contra España por haber incumplido las directivas comunitarias en la investigación de accidentes, volviendo a poner en entredicho el trabajo de la Ciaf.
El ministerio, que tiene la obligación de velar por que las investigaciones se lleven a cabo de manera independiente y acorde a la normativa nacional y europea, las ha vulnerado, al nombrar miembros de la Ciaf «no independientes ni imparciales».
Igualmente, la comisión ha vulnerado esas mismas normas, eludiendo las garantías que exigía el procedimiento de investigación y elaboración del informe final legalmente establecido, «privando a las víctimas del necesario trámite de audiencia».
La comisión sigue a día de hoy «sin ser independiente», dado que parte de sus miembros han prestado servicios previamente en el ministerio o empresas que dependen de él como Adif, Renfe o Ineco, ha explicado el abogado especialista en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo Antonio Benítez, que representa a la plataforma.
UNA NUEVA INVESTIGACIÓN OBJETIVA
En el documento presentado esta mañana, en un acto frente al ministerio, que concentró a unas quince personas, se solicita a Transportes la renovación de parte de los miembros de la Ciaf y que esta lleve a cabo una nueva investigación «objetiva», tutelada por la ERA y que cumpla con los requisitos legalmente establecidos, entre ellos, el trámite de audiencia a las víctimas.
Nadie del ministerio recibió a los representantes de la plataforma, ya que, según Domínguez, las víctimas del Alvia «ya no les interesamos al Gobierno».
Para las víctimas, «dice muy poco de nuestras instituciones y de nuestros gobernantes que aún no se haya puesto en marcha la investigación independiente que ha solicitado la UE reiteradamente, y, aún menos, que el ministro José Luis Ábalos lleve más de dos años ninguneándonos».
«Es indignante que ni nos conteste, a pesar de declarar públicamente que recibirá a las víctimas cada vez que haga falta», ha lamentado la asociación. EFE
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