Ana Rodrigo
Madrid, 22 nov (EFE).- «Soy la madre de Raquel. Mi hija de 15 años, acosada en las redes sociales, fui a denunciar, llevé identificado el agresor y su número de móvil, le amenazaba con distribuir fotos de ella, el individuo tenía 25 años, le pedía fotos desnuda; pregunté qué van hacer y pensé que lo iban a detener, pero dicen que hay que investigar». Al día siguiente se suicidó.
Los agentes aconsejaron a madre e hija irse a su casa y esperar, ha relatado hoy Mónica Méndez durante la presentación del informe de Amnistía Internacional «Ya es hora de que me creas», que denuncia un sistema que cuestiona y desprotege a las víctimas, como se sintieron Mónica y Raquel y que no «evitó» que la menor se suicidara horas después, después de sufrir un ataque de ansiedad.
Raquel llevaba dos meses siendo acosada por un chico mayor de edad, aunque su madre no lo sabía. Mónica se enteró el día anterior a la muerte de su hija, el 20 de abril de 2013. Cuando la niña se lo contó, decidió ir a denunciarlo, pese a que la menor no quería porque no confiaba en la Policía ni en la Justicia.
«Cuando estábamos en comisaría, como yo llevaba el móvil y tenían todas las pruebas entendía que lo iban a detener inmediatamente, mi sorpresa fue cuando, delante de la niña, me dicen que no lo van a hacer, que es un proceso y que la policía científica debe investigar y que de momento que me vaya a casa: esto fue un viernes. El día anterior a mi hija le había dado un ataque de ansiedad, le llevé a un hospital y la mandaron con un ansiolítico a casa, después de haber explicado al profesional todo lo que pasaba».
El día de la denuncia, le volvió a dar otro ataque de ansiedad, sigue relatando la madre, y explica que le llevó a la consulta de su médica de familia. «Como me conocía miró bien a la niña y no vio nada aparentemente, nos mandó a casa, era viernes, mi hija se suicidó un sábado a las doce de la mañana».
«El sistema judicial no nos ha protegido, ni antes ni después, me siento maltratada por este sistema: he sido un número más para la justicia; he tenido que esperar 5 años para se celebre el juicio», que ha concluido con una sentencia que condena al acusado por coacciones a una multa de 2.000 euros y que no se ha ejecutado todavía.
Mónica Méndez explica que fue una sentencia «de conformidad», que ella aceptó porque se aprovecharon de su vulnerabilidad. Se abrieron dos causas, una por incitación al suicidio que ya se había archivado por que no veían delito: «no se veía la mano del acusado que empujó a mi hija» y otra por amenazas. «El día del juicio me sientan enfrente del agresor, se ríe en mi cara y mi abogada me advierte de que van a sacar antecedentes de malos tratos -está nerviosa, reconoce- me empujan a llegar a un acuerdo de 2.000 euros que ha costado la vida de mi hija».
«Soy una madre trabajadora, que he sacado a mis hijos adelante sola y ante mi vulnerabilidad en ese momento firmo ese acuerdo», en un pasillo, lamenta la madre.
Mónica Méndez asevera que «el estado tiene la obligación de proteger a las menores», cosa que no hizo con su hija, añade. «Ese día, ella estaba en el suelo muerta y sonaba el móvil». Era la Policía Científica para pedirle que le mandara la «CPU de la niña» con urgencia y ese día también le llamaron de la oficina del Defensor del Menor. «Ya no había prisa, la urgencia era salvar a mi hija».
«Pensé que con los medios que tiene el Estado, viviendo en Madrid, se podría haber salvado la vida de mi hija, pero fui muy ingenua; han pasado 6 años de la muerte de Raquel y no hay culpables de su suicidio, quiero saber quien es el responsable de la muerte de mi hija. Gracias». EFE
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