El Govern de la Generalitat se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y le ha pedido a éste que declare la «imposibilidad legal» de hacer efectiva la orden de imponer un 25 % de castellano en las escuelas, ya que el decreto que aprobó ayer supone un nuevo «marco legal» que impide su ejecución.
El Gabinete Jurídico de la Generalitat ha remitido un escrito ante el TSJC, al que ha tenido acceso Efe, en el que argumenta que el decreto aprobado ayer por el Govern, que no fija porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales, es «incompatible» con la parte de la sentencia del alto tribunal que obliga a garantizar que el uso del catalán o del castellano no sea inferior al 25 % de las horas lectivas.
En su informe, la Generalitat argumenta que ni la Constitución, ni el Estatut, ni la legislación estatal en materia educativa imponen un modelo de porcentajes sobre el uso de las lenguas en las escuelas y remarca que para «asegurar la mayor efectividad» de la sentencia «lo que procede» es que «ordene» a los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos de Cataluña que elaboren o revisen sus proyectos lingüísticos para adaptarse al nuevo marco legal establecido por el decreto que aprobó ayer el Govern.