La fiscal se ha opuesto este martes a la petición para suspender de forma cautelar los nombramientos de los candidatos de Vox a las elecciones andaluzas, incluida Macarena Olona, durante la vista celebrada para decidir sobre la demanda interpuesta por un particular.
La petición del demandante implica “prejuzgar” el fondo del asunto y solicitar la suspensión del acuerdo por el que se han determinado los nombramientos de los candidatos, lo que impediría “presentar a dicho partido político a su candidato en elecciones”, ha defendido Fiscalía.
La fiscal ha insistido en que en caso de que la sentencia fuera finalmente desestimatoria el daño a Vox sería «irreparable», y ha sostenido que no hay peligro de demora procesal.
Además la medida cautelar “no está encaminada a facilitar la efectividad de la tutela judicial efectiva que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria y a evitar que pueda verse impedida o dificultada”, ha añadido.
El demandante, Pedro Muñoz Lorite, un abogado y afiliado de Vox, alegaba que los artículos 23 y 24 recogidos en los estatutos del partido eran contrarios al ordenamiento jurídico español y no respetaban los postulados integrados en la constitución, por lo que solicitaba la nulidad de ambos y pedía la suspensión cautelar del acuerdo sobre el nombramiento de los candidatos de Vox para las elecciones andaluzas de próximo 26 de junio.
“Entiendo que la candidatura de Macarena Olona ha sido elegida a dedo, y que es contraria al espíritu de la Constitución Española”, ha defendido Muñoz Lorite.
En este sentido la Fiscalía ha puesto de relieve que este demandante no ha justificado las razones por las que ha solicitado estas medidas cautelares a muy poco de comenzar la campaña electoral en Andalucía, ya que “los artículos de los estatutos cuya nulidad se pretende, fueron aprobados, según señala el demandante en su demanda, en fecha 23 de febrero de 2019”.
Por su parte, la parte demandada, representada por la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha argumentado ante el juzgado que el demandante no tiene ninguna prueba de cara a este proceso y “no es afiliado de pleno derecho” del partido.
Castro ha argumentado que el demandante se afilió el 8 de mayo y el 10 de mayo presentó la demanda ante el juzgado, cuando “la condición de afilado establece un periodo de afiliación de nueve meses”
También ha subrayado que no es la primera vez que Muñoz Lorite presentaba este tipo de demandas.