El máximo responsable operativo de la Guardia Civil, el teniente general Pablo Salas, ha reconocido en una entrevista concedida al último número de la revista que edita la Unión de Oficiales que la Benemérita tiene un grave problema: «revertir lo más rápidamente posible el déficit de efectivos que aún tenemos, incrementando con ello el nivel de cobertura de las unidades (…) No podemos acostumbrarnos a estar siempre bajo mínimos, pues esto repercute directamente en la prestación del servicio». La expresión «bajo mínimos» es bastante elocuente y deja explícito un objetivo claro: hay que aumentar la plantilla de la Guardia Civil.
La Cumbre de la OTAN que se celebra estos días en Madrid, con la participación de 2.400 guardias civiles en el dispositivo de seguridad, ha puesto al límite la capacidad operativa de la Benemérita en Madrid. Además, la asociación Justicia Salarial Policial (Jusapol, la plataforma de que la que surgieron las organizaciones actualmente mayoritarias en la Policía Nacional y la Guardia Civil, Jupol y Jucil), han convocado varias protestas estos días para pedir mejoras salariales y aumento de efectivos.
No obstante, los datos revelan que desde 2018 el ministerio del Interior ha hecho un esfuerzo para incrementar el número de agentes. Ese año la plantilla estaba formada por 77.972 guardias. En julio de 2021 ya había 80.889, una subida de 2.917 efectivos, según varias respuestas parlamentarias que el Ejecutivo ha dado a diputados y senadores de la oposición. La plantilla ha subido en casi todas las provincias menos en cuatro: Álava, A Coruña, Guipúzcoa y Lleida. En otra, Cantabria, se mantiene igual. Estos números agrupan las situaciones administrativas de activo, reserva ocupado-segunda actividad con destino y alumnos en prácticas.
Interior reconoce que entre los años 2011 y 2017 se produjo un descenso de 13.000 efectivos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el conjunto de España, entre guardias civiles y policías nacionales, que la Unión de Oficiales cuantifica en 6.500 solo en la Benemérita. Las bajas superaron a las altas. Y es que la última gran promoción salió de las academias en 2009, con 4.307 plazas nuevas en ambos cuerpos.
Las dificultades económicas provocaron que en los siguientes años el Estado no fuera tan generoso: En 2010 salieron solo 152 plazas en la Guardia Civil; 162 en 2011; 126 en 2012; 134 en 2013 y 159 en 2014. La cifra subió a 820 en 2015, a 1.734 en 2016 y a 1.801 en 2017. La tendencia cambia a partir de 2018, cuando las ofertas de empleo contemplan unas tasas de reposición del 115%, es decir, son más los agentes que entran cada año que los que salen por baja o jubilaciones.
En 2021, la tasa de reposición fue del 130% con 2.091 plazas ofertadas, y como explica el teniente general Pablo Salas en su entrevista para «el presente año 2022 se espera otra oferta del 125% de la tasa de reposición, tal y como señala la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Es un hecho que el personal con el que cuenta la Guardia Civil es su principal activo, y tiene margen de mejora en cuanto a número, lo cual nos permitirá mejorar nuestro despliegue y afrontar nuevos retos» Finalmente, el Gobierno ha ofertado 1.671 plazas para 2022.
Solo se ha recuperado la mitad de lo perdido
Aún así, queda mucho por mejorar. Un estudio realizado por la Unión de Oficiales señala que entre 2011 y 2017 se perdieron 6.562 agentes. Y que desde 2018 el saldo es positivo y se ha ganado 3.200 agentes, “por lo que este incremento de las ofertas de empleo público de los últimos años ha servido para recuperar aproximadamente la mitad de los efectivos que habíamos perdido años antes”, explica Francisco García, presidente de La Unión de Oficiales. A pesar de ello, los datos revelan que a 31 de enero de 2022 el grado de cobertura de la plantilla de la Guardia Civil en situación de activo era del 89,74%, es decir, que un 11% de la plantilla estaba todavía sin cubrir.
La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (Jucil), mayoritaria en el Consejo de la Benemérita con cinco vocales en la escala de cabos y guardias y uno en la de suboficiales, asegura que el número de vacantes en el Instituto Armado asciende a 10.000 efectivos. Jucial señala que este déficit «se hace especialmente agudo en las áreas rurales donde la actual situación provoca un incremento del grado de inseguridad de los bienes y propiedades de los residentes en los miles de pequeños núcleos urbanos en los que, en muchas ocasiones, los guardias civiles son algo más que servidores del orden público para convertirse en carteros, acompañantes, visitantes diarios o repartidores de medicamentos y un rato de compañía».
En Madrid y Cataluña, por ejemplo, la situación debe mejorar. En la primera comunidad el catálogo dice que debe haber 7.393 agentes en activo, cuando los efectivos disponibles es de 6.977, de los que 284 son en prácticas (un déficit de 416 guardias). En Cataluña el catálogo es de 4.018 efectivos y la realidad es de 3.170 (848 menos). Desde AUGC, la segunda asociación con más representación, destacan que «el déficit de efectivos no es ninguna novedad, ya que tenemos un despliegue territorial obsoleto que data de 1986. No podemos olvidar que el personal disponible ha superado los 80.000 efectivos únicamente en 2013, 2020 y hasta junio de 2021. Durante el resto de años, entre 2014 y 2019, hemos tenido un promedio anual de 77.909 agentes, contabilizando las situaciones administrativas de activo, reserva ocupado y alumnos en prácticas».
La Unión de Oficiales añade otro elemento que debe tenerse en cuenta. A finales de 2014 se aprobó la normativa de horarios que homologaba la jornada de los guardias civiles a la del resto de funcionarios. Esto sumó a la pérdida de efectivos una reducción de horas de servicio que en su día se cuantificó aproximadamente como el servicio que prestan unos 5.000 guardias. «En consecuencia, hemos convivido durante estos últimos años con una importante reducción del potencial de servicio que podemos prestar, entre pérdida de efectivos y menos horario, equivalente a unos 10.000 agentes. Como hemos ganado algo más de 3.300 guardias, mantenemos un déficit respecto a las capacidades operativas de la Guardia Civil de aproximadamente 7.000 efectivos», concluye García.
No solo faltan agentes a pie de calle (seguridad ciudadana) y en las unidades especiales, sino que desde a Guardia Civil señalan que «paralelamente debemos crecer en el número de mandos y, con ello, potenciar nuestros niveles de dirección». A este respecto, en agosto de 2021 vio la luz la norma que fija la plantilla de la Guardia Civil para el periodo 2021-2025, que contempla incrementos en los puestos de coroneles (de 127 a 137), tenientes coroneles (de 231 a 259), de comandantes (de 334 a 470) y de capitanes (de 357 a 619). Los sargentos primeros pasarán de 2.096 a 2.316, los cabos mayor de 80 a 120 y los cabos primeros de 6.440 a 6.940.
La España vaciada
Las asociaciones de guardias civiles también dudan de que el actual despliegue de la Benemérita dé respuesta a las necesidades de gran parte de la población, esa que vive en lo que se ha bautizado como España vaciada. Desde la AUGC señalan que «hay muchos puestos pequeños muy antiguos y tan pocos guardias que la mayor parte de la semana están cerrados. Además de que los cuarteles suelen estar muy obsoletos. Ante la falta de recursos humanos ni tan siquiera hay suficientes patrullas en las calles de estos territorios. En estos casos es necesario agrupar las unidades pequeñas para crear otras mayores en cada puesto y que así puedan disponer de una plantilla más amplia, con distintas especialidades y más patrullas. De este modo quedarían reducidos los tiempos de reacción ante un aviso y se cubrirían núcleos operativos y extensiones mayores».
Y ponen un ejemplo. «Los compañeros de patrulla de la provincia de Burgos pueden llegar a recorrer 300 kilómetros en un día desplazándose de aviso en aviso. Es necesaria la reorganización. Y también de las funciones que realizan sus integrantes. La Dirección General debe ofrecer incentivos para los agentes destinados en el medio rural, tales como pluses económicos. Hay zonas que carecen de ofertas de vivienda, de centros académicos o de guarderías para sus hijos».
Desde Jucil piensan igual. Es imprescindible, aseguran, que la dirección afronte el reto y refuerce las plantillas del cuerpo, adaptándolas a las singularidades de la España vaciada. «Por ejemplo, ¿cómo se actúa en el medio rural ante un caso de violencia de género?, ¿qué acciones de prevención y de respuesta se pueden poner en marcha ante la falta de efectivos? La Guardia Civil tiene en la actualidad 1.942 acuartelamientos y se encarga de la seguridad de miles de municipios en una extensión en la que residen casi las dos terceras partes de los ciudadanos y en un entorno caracterizado por el envejecimiento y por la despoblación». Jucil va a proponer en el Consejo de la Guardia Civil un estudio que contemple la reestructuración del actual despliegue territorial a través de un modelo más eficiente, pensado en la idoneidad de contar con puestos en cada cabecera de comarca, con servicio las 24 horas al día y con más efectivos.