El asesinato a bocajarro del exprimer ministro japonés, Shinzo Abe, mientras pronunciaba un pacífico mitin en plena calle, ha conmocionado al país nipón y reabierto el debate sobre sus medidas de seguridad y la protección de sus políticos. El detenido, Yamagami Tetsuya, es un desempleado de 41 años y antiguo miembro de las Fuerzas Armadas japonesas descontento con las políticas adoptadas por el exprimer ministro. Un perfil de ‘llanero solitario‘ similar al que, en España, intentó ejecutar el vigilante de seguridad Manuel Murillo, el ultraderechista que planeó asesinar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que disponía de un verdadero arsenal para lograr sus objetivos. La Audiencia nacional le condenó en abril a siete años y medio de cárcel.
En 2018, las Fuerzas de Seguridad del Estado se tomaron muy en serio las amenazas de Manuel Murillo contra el presidente del Gobierno a raíz de la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
La sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró probado que Manuel Murillo participó en 2018 en un grupo de WhatsApp llamado “Terrasa por España”, en el que empezó a mostrar su desacuerdo con la exhumación del dictador. En estos mensajes, además, “reivindicaba el pasado franquista”.
Entre otros mensajes, afirmaba: “No lo voy a consentir. Si es preciso me voy a ir armado y me sentaré en la tumba de Franco y si se acercan disparo (…) si tocan a Franco sugiero que empiece la guerra otra vez por nuestro honor, patriotas no podemos consentir. Y esta vez no dejaremos ni uno”.
Detenido en 2018, las fuerzas de seguridad encontraron en su casa un verdadero arsenal de guerra. Tenía 13 armas reglamentarias y otras 7 más prohibidas, entre ellas un fusil CETME de guerra. Por todo ello, la Audiencia nacional le impuso una condena de siete años y medio de prisión. Por un lado, dos años y medio de cárcel por un delito de homicidio en grado de proposición y cinco años más por el depósito de armas.
La sentencia recogía también cómo sus mensajes amenazadores fueron creciendo en tono e intensidad. “Si lo sacan me cargo al Sánchez, lo juro”, dijo antes de proponer la creación de un “comando que asalte por la fuerza la Moncloa, si no queda más remedio, y este comando que cuente conmigo”. Todos estos mensajes fueron llevados ante la Justicia por una mujer a la que se los enviaba, que decidió denunciarlo después de “consultar con un abogado, un Mosso y un Guardia Civil”.
“Quizás estoy hablando mucho pero digo lo que siento en mi corazón”, zanjó en uno de estos mensajes. A uno de sus contactos, llamado “Vox Organizador GDR” le propuso “defender a España con las armas, tenemos que estar organizados, armados para dar un golpe de estado y cargarse toda esa mierda que se ponga por delante”.
La Audiencia Nacional determinó que llegó a cerrar un plan para cometer el asesinato pero que, poco a poco, “fue interiorizando que la solución para producir un cambio en la situación política española pasaba por causar la muerte del Presidente del gobierno, para lo que se empeñó en requerir ayuda para llevarlo a cabo”.
En el juicio, Murillo negó ser un francotirador y afirmó que se sentía “como un héroe, como Rambo y decía cosas como estas para salvar a España”.
La sentencia señaló en abril que “lo que en principio pudiera ser una mera ideación sin mayor alcance desde el prisma pena” se convirtió en una decisión tomada por el condenado aunque no hubiera trazado un plan para hacerlo: “Efectivamente no hay un plan definitivamente urdido, tramado y menos aún concluido”, reconocían, aunque la veintena de armas que acumulaba prueban su “alta peligrosidad”. La Audiencia Nacional explicaba que “no se está ante un riesgo actual ni inminente, pero sí al menos remoto para la integridad física del objetivo”, el Presidente del Gobierno.