El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Nación, la creación de un nuevo impuesto a las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras. Será un tributo de carácter excepcional y temporal (en los años 2023 y 2024), que gravará los beneficios extraordinarios obtenidos en 2022 y 2023. Según avanzó Sánchez, el Gobierno estima conseguir con ellos una recaudación anual de 2.000 millones de euros en cada ejercicio de aplicación.
A falta de mayor concreción, y de que se conozca la letra pequeña de esta nueva medida, empresas como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Cepsa y Repsol se sitúan ya como las principales afectadas por este anuncio.
Este impuesto que Sánchez quiere implantar en España a partir del año que viene es ya una realidad -si bien con diferentes enfoques- en varios Estados europeos, como Italia o Hungría. Según el “think tank” o centro de reflexión independiente belga Bruegel, una media docena de países europeos, de diferente orientación política, se ha planteado algún gravamen de este tipo como fórmula para amortiguar los efectos que la crisis energética provocada como consecuencia de la guerra en Ucrania.
El modelo italiano
El impuesto italiano a las empresas de energía, fuente de inspiración del Gobierno español, grava con un tipo del 25% los beneficios extraordinarios obtenidos por estas compañías energéticas como consecuencia del aumento de los precios en los últimos meses.
La Hacienda italiana espera recaudar cerca de 11.000 millones de euros con este tributo, que inicialmente se fijó en el 10 % y que el pasado mayo se decidió elevar al 25 %.
Hungría: 4.120 millones de recaudación
Por su parte, Hungría espera recaudará 4.120 millones con un nuevo impuesto a bancos, aseguradoras y eléctricas. En concreto, el importe alcanzará los 2.040 millones este año, y llegará a los 2.080 millones en 2023. La suman de ambas cantidades equivalen al 1,15 % del PIB nacional de este ejercicio.
La mayor parte de esta recaudación extraordinaria procederá del sector energético (unos 760 millones de euros), y una gran parte de los ingresos procederán de la petrolera magiar MOL.
Reino Unido: 5.000 millones de libras
En Reino Unido, el Ministerio de Economía anunció el pasado 26 de mayo un impuesto temporal del 25 % sobre los beneficios de las petroleras. Esta tasa estará compensada por una desgravación fiscal del 80 % para las empresas que reinviertan sus ganancias en el país.
El gravamen, en vigor desde entonces y que se retirará cuando los precios vuelvan a niveles históricamente más normales, recaudará en torno a 5.000 millones de libras (5.885 millones de euros) este año. No se descarta, a futuro, crear similares gravámenes para el sector eléctrico y de gas natural.
Otros países
De acuerdo con Bruegel, en octubre de 2021 el Gobierno de Bulgaria anunció un instrumento para compensar a las empresas con 55 euros el MWh durante dos meses, debido al elevado coste de la electricidad. Los 225 millones de euros necesarios para ello procedían del impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la central nuclear de Kozloduy, a unos 200 kilómetros al norte de la capital, Sofía.
También el pasado octubre, Rumanía dio su visto bueno al proyecto de ley para implementar un esquema de compensaciones en las facturas eléctricas y de gas —inicialmente, para ese invierno—, así como un impuesto del 80% sobre los beneficios extraordinarios de las empresas productoras para financiarlas.
Los continuos paquetes y reformas anunciados por los países de la Unión Europea han llevado a Bruselas a instar a todos aquellos que, como España, están diseñando impuestos de este calibre que lo hagan “con cuidado” para evitar distorsiones indeseadas y que no frene inversiones en energías renovables.