El expresidente de Cataluña y huido de la justicia, Carles Puigdemont, estaría más cerca de tener que rendir cuentas ante la justicia española y ser extraditado a nuestro país. Según la opinión que dio este jueves el Abogado General de la UE, Richard de la Tour. Bélgica no puede cuestionar la competencia del Tribunal Supremo español para emitir las euroórdenes.
Por tanto no puede denegar la extradición por posible vulneración de derechos fundamentales sin demostrar la existencia de «deficiencias sistémicas» respecto al Estado de Derecho.
Respondió así a la pregunta prejudicial que planteó el magistrado del Supremo Pablo Llarena cuando la justicia belga denegó en 2021 la entrega a España del exconsejero de Cultura catalán Lluís Puig, al considerar que era el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no el TS quien debía emitir la euroorden y que si lo extraditaba se violarían sus derechos fundamentales.
Por todo ello, además, Llarena podría volver a dictar una orden de arresto y entrega, pues no hay ni debe haber límites y está plenamente justificado cuando un tribunal de ejecución no haya respetado el derecho comunitario, como sería este caso.
El caso se remonta al año pasado, cuando tras la enésima negativa de los tribunales belgas a la entrega de los reclamados por la Justicia español, el magistrado Pablo Llarena optó por remitir a Luxemburgo una batería de cuestiones prejudiciales.
Los jueces belgas han rechazado la entrega por todo tipo de razones desde 2017, al igual que hicieron por sus propios motivos los de Alemania, Suiza o incluso Italia, más recientemente. El caso de Lluis Puig es sin embargo diferente al de Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, pues él no iba en las listas electorales y no se ha convertido en eurodiputado.
El proceso de estos tres en la corte de Bruselas está en pausa hasta que se resuelva definitivamente su situación, esto es si pueden ser extraditados o no en última instancia o si gozan de inmunidad parlamentaria, pues el asunto del suplicatorio para levantarla sigue en marcha.
Las conclusiones no son vinculantes y la decisión final depende de los jueces del TJUE, que se pronunciarán dentro de unos meses. Pueden ignorar completamente este análisis, o pueden seguirlo, algo que ocurre en aproximadamente un 80% de los casos.