El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha abierto este martes juicio oral contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que tendrá, previsiblemente, que abandonar la presidencia de la Cámara y apartarse de su escaño, tal y como marca el Reglamento de la institución. El auto del magistrado Carles Ramos no admite recurso y llevará a Borràs directa al banquillo de los acusados por los delitos de prevaricación y falsedad documental. Está por ver si la dirigente de Junts decide, sin embargo, optar por alguna fórmula de apartamiento temporal que le permita atrincherarse en el cargo.
La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por fraccionar contratos cuando Laura Borrás estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) para adjudicárselos a dedo a un antiguo colaborador.
Tras los múltiples y fallidos recursos presentados por la defensa de Borràs, la apertura del juicio oral pone a la presidenta del Parlament, segunda autoridad de Cataluña, frente al artículo 25 del reglamento de la Cámara, que regula las “causas de suspensión de los derechos y deberes parlamentarios”.
“En los casos en los que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción”, dice el texto, la Mesa del Parlamento debe “acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata”. El artículo añade que esta decisión debe adoptarse “una vez que sea firme el auto de apertura de juicio oral” (tal y como se ha comunicado este martes) y de que la cámara “tenga conocimiento” del texto.
El mismo 25.4 agrega que, cuando haya dudas sobre “el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades” que debe aplicarse, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.
Troceo de contratos y adjudicación a dedo
La tesis de la Fiscalía es que, como máxima responsable de la ILC hasta 2018, Borràs troceó de forma artificial contratos por valor de más de 300.000 euros con el objetivo de beneficiar al informático Isaías H., con quien había colaborado en el ámbito docente en el pasado.
La principal prueba de cargo contra Borràs son correos electrónicos escritos por la dirigente independentista, en las que solicita presupuestos ficticios y dirige la operación para la adjudicación de los contratos. Borràs
La dirigente de Junts actuó de esa forma pese a las numerosas advertencias de la auditoría y de trabajadores de la institución, que depende del Departamento de Cultura del Govern.