El Gobierno y las comunidades han acordado el traslado este año de 400 menas desde Canarias y Ceuta a la Península que se incrementarán con otros 374 en 2023 ante la saturación del archipiélago y de la ciudad autónoma.
Derechos Sociales y los Gobiernos autónomos han cerrado el acuerdo en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, donde se ha consensuado un modelo para garantizar la acogida de estos menores en situaciones de emergencia.
Canarias y Ceuta ya habían reclamado la activación del Plan de Respuesta ante crisis migratorias.
Sus sistemas de protección hacen frente a una ocupación por encima del 150% y pedían el traslado de 1.363 menores por parte de Canarias y de 182 por parte de Ceuta.
El Plan establece que la comunidad receptora debe asumir entre un 25 y un 50% de la sobreocupación, y además Canarias, Ceuta y Melilla ya han recibido 15 millones de euros este año para atender a los menores, se recuerda en el documento aprobado.
El acuerdo, que ha salido adelante con el voto en contra de Castilla-La Mancha y La Rioja, se traduce en asumir el 50% de la sobreocupación: 682 personas en el caso de Canarias (que en abril acogía a 2.288 menores) y 92 personas en el caso de Ceuta (con 553).
Para financiar las plazas de acogida en las comunidades autónomas de destino se repartirán este año 20 millones de euros, teniendo en cuenta factores como la población, la renta per cápita, la tasa de paro o los menores ya atendidos.
Planes de emergencia ante crisis migratorias
Destaca el Ministerio que no solo es un sistema de derivación, sino que se garantizan recursos especializados en los puntos de llegada.
«La aprobación de los Planes de Emergencia implica un acuerdo con las comunidades para declarar una contingencia migratoria cuando exista una sobreocupación del sistema de protección que aumente en más de un 50% el número de plazas ordinarias, ya sea por un flujo de llegadas continuo o puntual», ha explicado Belarra.
Con el modelo acordado se prevé abordar las crisis migratorias con la activación de diferentes planes de respuesta, a los que cada comunidades podrán sumarse de manera voluntaria.
El objetivo es garantizar el interés superior de los menores, con especial atención a los perfiles más vulnerables: solicitantes de asilo, niñas, víctimas de trata, con discapacidad y con necesidades de cuidados específicos de salud mental.
Declarada la situación de crisis migratoria, se constituirá una comisión con las comunidades que decidan participar y el Ministerio determinará los créditos para cofinanciar la atención de los menores y los traslados.
El único requisito obligatorio antes de cualquier derivación será la realización de la entrevista individual con su correspondiente informe; el menor habrá sido informado habrá expresado su acuerdo para el traslado por escrito
También se ha aprobado el protocolo que se firmará entre las comunidades para coordinar las actuaciones administraciones de protección y que recoge el compromiso de asunción de la tutela.
La ministra ha agradecido la labor de Canarias, Ceuta y Melilla «que han asumido durante demasiado tiempo un sobreesfuerzo que hay que distribuir».
«Con los documentos aprobados pretendemos establecer un modelo de colaboración, solidaridad y corresponsabilidad«, ha añadido.
Castilla-La Mancha y La Rioja se desmarcan
Según han informado fuentes de Derechos Sociales, La Rioja y Castilla-La Mancha han votado en contra del acuerdo de reparto.
La Rioja no acogería menores por el momento, y Castilla La-Mancha recibirá a un número menor del asignado, apuntan estas fuentes.
Los menores asignados a estas Comunidades deberán reasignarse en los próximos días entre otras comunidades o no salir de Canarias y Ceuta, que recibirían financiación.
La financiación de las plazas de País Vasco y Navarra se regirá por el sistema de financiación de concierto económico propio de dichas comunidades.
Los 500.000 euros asignados a Ceuta y a Canarias, irán destinados a financiar los traslados para obtener la documentación de los menores.