La ministra y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha declarado hoy el Gobierno analizará con «absoluto rigor» la petición de indulto parcial que pueda presentar la familia del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán.
A preguntas de los medios de comunicación en Ciudad Real, donde la ministra ha realizado una visita institucional, ha destacado que primeramente habrá que saber que es lo que se está formulando por parte de la familia para analizarlo.
La ministra ha especificado que en cualquier caso, hay que esperar a conocer el fondo de la sentencia por la que se condena a Griñán. Por tanto para hacer todas las valoraciones y si finalmente se produce la petición de la familia «el Gobierno la estudiará como se estudian todas las solicitudes de este carácter cuando llegan a la mesa del Consejo de Ministros».
La ministra también se ha mostrado sorprendida por «las distintas varas de medir» en las declaraciones públicas que ha dicho está escuchando en relación a esta cuestión.
La ministra recalca que los expresidentes «no se llevaron ni un solo euro»
«Personas que hoy ocupan despachos pagados con dinero negro se atreven a hacer valoraciones de responsables políticos que primero asumieron su responsabilidad. Por tanto dejaron de un lado todos sus cargos públicos, y en segundo lugar, ha quedado constatado en todas las fallos judiciales que ha habido al respecto, que no se llevaron ni un solo euro ni para así, ni para su partido«, ha dicho.
En este sentido, ha apuntado que «para tener autoridad en esas declaraciones, lo primero que tendrían que hacer es abandonar la calle Génova, y dejar esos despachos pagados«. Ha concluido afirmando que hay que dar absoluta normalidad a una eventual petición de indulto para Griñán y, si llega a producirse, se analizará con «absoluto rigor»
Ayer conocimos que os dos expresidentes del Gobierno socialistas, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, apoyarán la petición de un indulto parcial para José Antonio Griñán, expresidente andaluz condenado por el Tribunal Supremo a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE fraudulento.