miércoles, octubre 5, 2022
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Empieza el juicio del Alvia, nueve años después del peor accidente ferroviario de nuestra democracia

El 24 de julio de 2013, el accidente causó 80 muertos y 145 heridos en el barrio compostelano de Angrois

Este miércoles comienza el juicio por el accidente del Alvia. Han pasado más de nueve años desde que el 24 de julio de 2013 el tren se saliese de la vía en la curva de A Grandeira, en el barrio de Angrois, en Santiago de Compostela. Las cifras, las peores desde que España es una democracia: 80 muertos y 145 heridos. Además, el proceso judicial que arranca ahora, lo hace con 446 perjudicados, más de 500 testigos, 145 acusaciones y dos nombres propios: Francisco Garzón, el maquinista que conducía el tren, y Andrés Cortabitarte, exjefe de seguridad de Adif. Es decir, los acusados que se van a sentar en el banquillo. Ambos van a declarar tanto hoy como el viernes ante la magistrada María Elena Fernández Currás en la Cidade da Cultura de Galicia.

Allí, para poder acoger este juicio, se ha dispuesto un espacio de 1.058 metros cuadrados. El expediente de la causa cuenta con un total de 44.460 folios agrupados en 95 tomos, por lo que ha sido imposible celebrar este juicio en las dependencias habituales de Justicia de Santiago de Compostela. Este dispositivo, que ha costado 931.759 euros, incluye una oficina judicial de 172 metros cuadrados, cuatro despachos (para la jueza, la Fiscalía y los funcionarios de Justicia), una sala de prensa de 181 metros cuadrados, una sala para el público con 103 butacas, cafetería y sala de togas.

Nueve meses de juicio: ¿qué reclaman las víctimas?

El proceso se extenderá hasta el 10 de febrero de 2023. En él, tanto la Fiscalía como la asociación que representa a la mayor parte de las víctimas piden condenas de cuatro años de cárcel e inhabilitación profesional para los acusados, por 80 presuntos delitos de homicidio, 145 de lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave.

Además, se va a reclamar por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil una cifra que supera los 57 millones de euros, y se va a llevar a cabo contra Renfe, Adif y sus respectivas aseguradoras, QBE y Allianz Global Corporate & Speciality, así como contra los dos acusados. Por otro lado, la plataforma de víctimas pide también la dimisión de Ana Pastor, actual vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, pero también ministra de Fomento cuando ocurrió el accidente.

¿Qué sucedió exactamente?

Era 24 de julio de 2013, y el Alvia 04155 era el tren que cubría el trayecto de Madrid hasta Ferrol. A las 20.41 horas, en la curva de A Grandeira, en el barrio de Angrois, descarriló tres kilómetros antes de llegar a Santiago de Compostela, mientras iba a 191 kilómetros por hora: su circulación estaba limitada a 80 km/hora. La caja negra establece un impacto contra el muro a 153 kilómetros/hora.

El convoy había salido de la estación de Chamartín (Madrid) a las 15.00 horas, y llegó a Orense a las 19.55, donde efectuó una parada y cambió de maquinista: Francisco José Garzón. En el tren viajaban 218 pasajeros y seis tripulantes. La caja negra mostró un impacto contra el muro a 153 kilómetros/hora.

Los diferentes coches que formaban el tren salieron despedidos en diversas direcciones, quedando incluso unos encima de otros, o llegando hasta la calle. Renfe aseguró que el accidente se debía a un despiste del maquinista, además de decir que el tren había pasado una revisión esa misma mañana, aunque admitió problemas en la señalización de la vía.

Las víctimas aseguran que un jefe de maquinistas avisó a diez altos cargos de Renfe del peligro de la curva de Angrois y que, en 2010, el ministro José Blanco firmó un cambio de proyecto que supuso una rebaja en la seguridad. Respecto a la curva de Angrois, los informes de la aseguradora de Renfe alertaron de que en esa curva “había un riesgo previsible y no tolerable”.

Los acusados

El primero de los acusados, el maquinista Francisco José Garzón, nunca ha negado su responsabilidad en los hechos, pero sí su culpabilidad. Había realizado ese trayecto en al menos 60 ocasiones previamente y, tras el accidente, reconoció que una llamada corporativa del interventor le distrajo y le impidió frenar a tiempo. Ha pedido perdón a las víctimas en varias ocasiones y ha dicho que, de tener que pagar, “yo pago, pero que pague más gente”.

Renfe no dudó en culparle a él desde el primer momento pero, en una segunda instrucción del caso, el juez imputó también a Andrés Cortabitarte, entonces director de seguridad de Adif. Él fue quien autorizó la desconexión del sistema ERTMS, la tecnología que habría regulado la velocidad del tren de forma automática, impidiendo así el accidente. Esta desconexión se justificó con problemas de compatibilidad.

Las víctimas piden cuatro años de prisión para cada uno. Varias de ellas, por cierto, ya han fallecido, y muchas siguen arrastrando secuelas físicas y psicológicas, nueve años después de uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España.

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