Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como ‘El Pequeño Nicolás’, se ha sentado este martes de nuevo en el banquillo de los acusados. Lo ha hecho por cuarta vez. En esta ocasión se enfrenta a una pena de cárcel de seis años por parte de la Fiscalía por los delitos de usurpación de funciones públicas, falsedad en documento oficial y estafa. Se hizo pasar por un miembro del Gobierno para estafar a un empresario.
Este caso se remonta a octubre de 2014, pocos días antes de su primera detención, cuando Nicolás (hoy con 28 años) decidió contactar con el empresario Francisco Javier Martínez de la Hidalga para estafarle en una operación inmobiliaria. El joven se hizo pasar «por miembro del equipo de trabajo” de la entonces vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría y por agente del CNI, falsificando incluso documentos supuestamente oficiales.
El objetivo era convencer al empresario de que el Gobierno tenía interés en ayudarle en vender una finca que tenía en Toledo: «Llegó a mencionar como posible comprador a una autoridad de Guinea Ecuatorial. Le pidió 300.000 euros en concepto de intermediación», según el fiscal. Después trató de ir más allá e intentó «apoderarse de los activos financieros» de la víctima, «que ascendían a más de 500.000 euros».
La vista oral de este martes arrancó con las declaraciones de los policías que le arrestaron, pero se ha tenido que suspender porque tres testigos clave no han comparecido, entre ellos la víctima del supuesto delito y su esposa.
Cuarto juicio
El joven lleva ya a sus espaldas todo un rosario judicial que comenzó en 2016, cuando el Juzgado de lo Penal 25 de Madrid lo condenó a una multa de 4.320 euros por calumnias al CNI, aunque finalmente fue absuelto en 2018 tras repetirse el juicio. En 2021, la Audiencia Provincial lo condenó a 21 meses de prisión por falsificar un DNI para que un amigo se presentase a la Selectividad en su nombre.
Luego le cayeron tres años de cárcel por hacerse pasar por un emisario del rey Felipe VI y de Soraya Sáenz de Santamaría durante un viaje a Lugo. Estos dos últimos fallos se encuentran recurridos al Tribunal Supremo. Además de esta cuarta causa, tiene pendiente un quinto juicio por crear presuntamente una red criminal para obtener información confidencial de las bases de datos policiales.