El Defensor del Pueblo ya ha abierto 253 expedientes para investigar posibles casos de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica. Hay otros 150 casos pendientes. De momento, las investigaciones abiertas han dado lugar a 149 entrevistas personales desde julio, mes en el que comenzó a operar la Unidad de Atención a las Víctimas creada por esta institución. El 80% de las víctimas son hombres.
Para seguir con sus pesquisas, esta Unidad se desplazará a zonas de residencia de quienes deseen ofrecer su testimonio. Así, en el mes de noviembre tienen previsto desplazarse a Barcelona (3-9), Sevilla (17-18) y Vigo (28-29-30), tras haber acudido ya a Pamplona, Zaragoza y Toledo. Estos viajes se realizan cuando existe un número significativo de solicitudes por parte de las víctimas en una ciudad o provincia.
Las víctimas que deseen ser entrevistadas presencialmente en estas ciudades (o en cualquier otra) han de contactar con la Unidad a través del teléfono gratuito 900 111 025 o por correo electrónico ([email protected]). También pueden hacerlo por correo postal (Defensor del Pueblo. Calle Zurbano, 42. 28010).
Según señala el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, “hemos creído pertinente facilitar el contacto con nosotros a quienes deseen ofrecer su testimonio presencialmente y no tengan las posibilidades de trasladarse a Madrid. Por tanto, miembros de la Unidad se desplazarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, a otros puntos de España tras ser reclamados por víctimas no residentes en Madrid”.
Comisión Asesora
Esta Unidad depende de una Comisión Asesora formada por 20 personas, de las que 17 son externas con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología o en la docencia. Presidida por el Defensor del Pueblo, también participan en ella la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena.
Como ya adelantó Ángel Gabilondo el pasado 20 de junio en el Congreso, la Comisión Asesora tiene entre sus principales objetivos “determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder”.