La ‘ley mordaza’ cumple siete años y, según Amnistía Internacional, ha supuesto junto a otros factores «un serio retroceso en el ejercicio de derecho a la protesta pacífica». Desde que la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana entró en vigor en el año 2015, las autoridades ha propuesto 250.300 sanciones contra ciudadanos, lo que suponen el 78% de las sanciones que se han puesto en materia de seguridad ciudadana.
Esta es una de las conclusiones del informe ‘Derecho a la protesta en España’, realizado por Amnistía Internacional, y que señala a la ‘ley mordaza’ como elemento clave en la merma de derechos. La organización pone la diana en cuatro artículos de la ley que, aplicados estos años, han impactado decisivamente sobre el derecho a la protesta pacífica, «debilitándolo en forma extrema».
Son el 36.6 (resistencia, desobediencia y negativa a identificarse), 37.1 (manifestaciones espontáneas), 37.4 (faltas de respeto) y 36.23 (uso de imágenes de las fuerzas de seguridad). Amnistía Internacional muestra su preocupación sobre el aumento en la aplicación de estas sanciones. En 2021 se aplicaron 26.254 cuando la media, entre 2016 y 2021, fue de 20,713, es decir, se ha producido un aumento del 26%.
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«Esta nueva investigación muestra la necesidad de cambiar el rumbo legislativo, policial y judicial para facilitar y garantizar, de acuerdo a los estándares internacionales, el derecho humano a la protesta en España”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Para Amnistía la rigurosa aplicación de la ‘ley mordaza’ no es el único factor que ha permitido el retroceso de derechos. También han contribuido la reforma del Código Penal, el «aumento de poder discrecional de decisión de la policía» en el marco del derecho a la manifestación pacífica, el uso «abusivo de armas menos letales» como las pelotas de goma, la «frecuente interpretación de los tribunales a favor de la presunción de veracidad del funcionario público», las contradenuncias de policías contra manifestantes, y la falta de «mecanismos efectivos de rendición de cuentas».
La Fiscalía General del Estado, por ejemplo, explicó en su última memoria que los delitos de atentado y resistencia siguen manteniéndose como principales responsables del número total de delitos contra el orden público. En relación con el delito de atentado contra la autoridad, la Fiscalía afirma que se ha incrementado el número de procedimientos, puesto que de los 15.992 incoados en el año 2020 se pasó a un total de 18.512 en el año 2021, lo que supone un incremento del 15,75%.
También ha afirmado que los delitos de desórdenes públicos han experimentado un ascenso de un 48% de 2020 a 2021. En el 2020 se dictaron un total de 10.617 sentencias por delitos contra el orden público, mientras que en el 2021 fueron 14.360, lo que supone un incremento del 35%.