La precampaña electoral ya ha empezado. Las formaciones políticas (no todas) se disponen a celebrar procesos de elecciones primarias para elegir a sus candidatos y algunos de ellos están a punto de cesar en el cargo que ocupan actualmente para centrarse en sus votantes, la elaboración del programa electoral, cuidar su imagen y acertar con el mensaje. Es el caso de dos de las ministras del Gobierno de Pedro Sánchez.
Por un lado, Reyes Maroto, titular de Industria, Comercio y Turismo, que se presenta a candidata a la Alcaldía de Madrid en las listas del PSOE si consigue el respaldo de la mayoría de los afiliados. Lo mismo ocurre con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que quiere regresar a su Canarias natal para ser alcaldesa en Las Palmas. Voces socialistas llevan semanas presionando para que se dediquen en exclusiva a la campaña ya. Por lo tanto, dejarían de cobrar el sueldo de ministra, que este año es de 6.618 euros brutos al mes sin derecho a pagas extraordinarias. Así, Maroto aspira a una remuneración de alcaldesa de la capital de España que supera los 100.500 euros anuales y Darias pasaría a ingresar 70.000 euros en su lugar de nacimiento. Si por el contrario, no se cumple el objetivo, el ‘premio de consolación’ es ser concejal de la oposición y un plus como portavoz de grupo municipal.
Pero no todos los cargos políticos están dispuestos a ser candidatos para presidir un ayuntamiento si para ello deben renunciar a un sueldo público asegurado y cuantioso, ya que ganar unas elecciones no está garantizado. Eso es, al parecer, el argumento de ciudadanos descontentos con Cristina Ayala, actual senadora y candidata del PP a la Alcaldía de Burgos en las elecciones municipales de mayo. Sostiene que va a estar desde ya “aquí y al servicio de los burgaleses”, pero sin renunciar, por ahora, a su nómina en la Cámara Alta y alude al compromiso que supone ser elegida por los ciudadanos durante toda una legislatura. En este sentido, cabe recordar que las elecciones generales serán en noviembre o diciembre, salvo adelanto electoral. Por lo tanto, si Ayala no consigue ser alcaldesa de Burgos y se le escapa un sueldo de 4.772 euros brutos al mes (3.140 euros netos) según las tablas retributivas publicadas en el Portal de Transparencia municipal de 2022, podrá seguir con su régimen de senadora. No le compensará ser concejal de la oposición y aspirar a un máximo de unos 2.900 euros al mes en concepto de dietas, cerca de 2.400 netos. El actual alcalde de Burgos, el socialista Daniel de la Rosa Villahoz, percibió en diciembre el doble por la paga extra, es decir, 9.544 euros brutos, que equivalen a 6.545 netos. Con todo, la remuneración de Ayala como secretaria cuarta del Senado es mucho más elevada.
La candidata ‘popular’ percibe la asignación constitucional básica para todos los senadores que ha aumentado unos 46 euros al mes desde hace algunas semanas. Son 3.096 euros brutos. Como secretaria cuarta de la Mesa del Senado ingresa una asignación de 1.041 euros y 2.777 euros de complemento. En total, casi 7.000 euros cada mes. Exactamente, 6.914 euros. Al ser senadora electa por Burgos tiene derecho a percibir una indemnización de 1.987 euros exentos de tributación. En junio y diciembre, con la paga extraordinaria, Ayala duplica sus ingresos: más de 13.800 euros brutos y cerca de 4.000 libres de impuestos.
Según su declaración de bienes y rentas presentada pagó 21.452 euros de IRPF en 2018. Posee un piso con trastero y garaje y dos apartamentos en Burgos. Además, pese a que cobra la indemnización como senadora por Burgos, dispone de una vivienda en Madrid desde 2008. En el momento de presentar el documento reconoció unos ahorros de 80.634 euros en régimen de gananciales al 50%. También reflejó cuatro planes de ahorros y pensiones de la mutualidad de abogados por un valor superior a los 51.000 euros. En 2003 y 2008 solicitó dos préstamos: uno de 132.854 euros y otro de 367.540 euros. Hace tres años todavía debía más de 168.000 euros.
Licenciada en Derecho
En su ficha biográfica publicada en la página web del Senado no hay dato alguno sobre la formación académica ni experiencia profesional fuera de la política de Cristina Ayala Santamaría. Nació en Burgos en 1972. Otras fuentes consultadas señalan que es abogada colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos. Fue gerente del Grupo Acción Local Adeco-Camino, un ente público que gestiona fondos europeos. En su perfil de LinkedIn detalla que fue profesora asociada del CIIE Study Abroad de Madrid durante tres meses en 2018. Además, al mismo tiempo que ocupó un escaño en las Cortes de Castilla y León realizó tareas de asesoría jurídica en el Grupo Parlamentario Popular.
Ayala es licenciada en Derecho por la Universidad de Burgos. Ha cursado dos másteres, sobre educación ambiental y ordenación del territorio y otro sobre desarrollo local. Tiene un curso de formación superior en Marketing por la Universidad Oberta de Catalunya, un programa de liderazgo público en Deusto Business School y cursos sobre implantación de sistemas de gestión ambiental y evaluador de la Junta de Castilla y León.
Fue senadora entre diciembre de 2015 y mayo de 2019 y luego, desde noviembre de ese mismo año. El 25 de mayo cumplirá 20 años cobrando sueldos públicos en política. Empezó como concejal en el Ayuntamiento de Burgos en 2003 y, al mismo tiempo, diputada provincial. Entre 2007 y 2019 fue procuradora en las Cortes de Castilla y León.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos