La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido citada para comparecer el próximo 13 de marzo como investigada ante la jueza que investiga si cometió delitos de coacciones, malversación y prevaricación al sancionar al fondo de inversión Vauras por haber intentado desahuciar a familias vulnerables sin ofrecerles antes un alquiler social, tal y como establece la legislación catalana.
Ha sido la propia alcaldesa quien lo ha anunciado este martes en rueda de prensa, en la que ha informado que la Audiencia de Barcelona la ha citado a declarar tras reabrir la causa en abril de 2022, tras ser desestimada por el juez ante la falta de indicios.
La misma jueza ha citado también a declarar como investigados por estos mismos delitos al concejal del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, a la concejala de Vivienda y Rehabilitación, Lucía Martín, y a la jefa de la Unidad de Antiacoso y Disciplina de Vivienda del Ayuntamiento.
En concreto, la jueza investiga la querella de Vauras Investiments en la que se acusa a Colau y a los otros tres investigados de presionarles para forzarlos a destinar inmuebles de su propiedad a alquiler social, bajo la «amenaza» de no concederle licencias de obras.
En noviembre de 2020, la jueza inadmitió a trámite esta misma querella porque no vio ningún indicio de delito, como tampoco lo vio la Fiscalía cuando Vauras presentó apelación, pero en abril del año pasado la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó reabrir la investigación y citar a declarar a los investigados.
La alcaldesa de Barcelona, tranquila
La alcaldesa de Barcelona se ha manifestado ante los medios «muy tranquila» y convencida de que la querella será «archivada de nuevo» y «quedará en nada»; sin embargo, se ha mostrado sorprendida por haber sido citada a declarar «cerca de las elecciones» y sin que ella sea «relacionable» con ninguno de los hechos.
La primera edil ha explicado que lo que hizo el Ayuntamiento es pedir al fondo Vauras «el estricto cumplimiento» de la ley catalana 24/2015 para que ofrecieran alquiler social a las familias que vivían en el inmueble, ya que habían diversos casos de vulnerabilidad debidamente acreditada, ha asegurado.
«Un requerimiento que Vauras no respetó y procedimos a poner sanciones por incumplimiento de la ley», unas sanciones que el Ayuntamiento retiró en mayo tras recibir una orden del juez.
A raíz de las sanciones, el fondo de inversión puso una querella contra el Ayuntamiento de Barcelona, que fue inadmitida a trámite en noviembre de 2020. Por ello, Colau ha recordado que «Ni tan solo se ordenaron diligencias, tanto Fiscalía como la juez tuvieron muy claro y fueron muy rotundas diciendo que los hechos no constituían ningún tipo de delito», ha recalcado.
Mal uso de la justicia
Para Colau, llama la atención que la Audiencia de Barcelona haya decidido reabrir la causa, que «ya estaba archivada». Colau cree que responde al «mismo patrón» de mal uso de la justicia que usan los «sectores económicos especulativos» para «intimidar» a quienes pretenden proteger a la ciudadanía de sus abusos de poder.
«Lo que buscan es conseguir titulares y la imagen de una alcaldesa que tiene que ir a declarar», ha señalado.
Marc Serra ha indicado al respecto que tras esta querella hay un «interés político de desgaste de un gobierno valiente», señalando que «cuesta de entender» que la jueza cite a declarar a la alcaldesa como investigada «cuando no ha intervenido en ningún momento» por lo que está en una situación de «imposible autoría».