El Ayuntamiento de Estepona ha sido noticia esta semana por dos hechos. El primero es que ha estrenado nuevas oficinas. El otro dato es que el alcalde, el popular José María García Urbano, ha insistido con una infraestructura que ya generó polémica en 2019. Se trata de un tobogán, más conocido en Málaga como chorraera. Eso sí, ni la nota de prensa del 10 de marzo ni la del 9 de septiembre de 2022 explicando el avance de las obras menciona una sola cifra sobre el coste real para el contribuyente. El Gobierno local omite lo que ha costado. No obstante, el dato es público: casi 13,5 millones de euros. La obra se adjudicó en marzo de 2020 a la empresa Caminos y Puente, S.L.
Por un lado, Urbano ha inaugurado el edificio de la nueva Casa Consistorial. Se trata de una moderna construcción que refuerza la transformación del centro urbano, a la vez que supone la unificación de todas las dependencias municipales, lo que facilita la gestión interna de recursos materiales y personales, mejorando el servicio, la comodidad y la atención a los ciudadanos.
El edificio será autosuficiente energéticamente a través de un sistema fotovoltaico. El inmueble cuenta con un aparcamiento público de 131 plazas; el sexto de la ciudad con el sistema pionero de un euro al día para el usuario. En total, unos 13.000 metros cuadrados.
Pero para llegar a cortar la cinta de la inauguración y hacerse la foto ha habido que apretarse el cinturón durante más de dos mandatos. Concretamente, después de 12 años de poner en orden las cuentas públicas, con una deuda heredada de 304 millones, la cifra se ha reducido a 49 millones. Pero no todo sale como uno quiere o como uno presupuesta ya que se ha disparado el coste del nuevo centro sociocultural en casi 1,8 millones. La torre junto al mar destinada a este cometido no costará 14,5 millones. Serán más de 16,3 millones, IVA incluido.
Los toboganes
En mayo de 2019, días antes de las anteriores elecciones municipales, Estepona salía en varios informativos de televisión de ámbito nacional por culpa de la puesta en servicio del ‘tobogán urbano más grande de España’. 35 metros de largo, una pendiente de 31 a 34 grados, 28.600 euros de coste y, a las 24 horas de su inauguración, el Ayuntamiento tuvo que clausurarlo. Los memes y las bromas en las redes hicieron el resto. Los primeros usuarios salían despedidos al llegar al final de la instalación y hubo algunos contusionados. El consistorio argumentó que la construcción de la chorraera formaba parte del parque que tenía un presupuesto de cerca de 299.000 euros. Por lo tanto, no repercutió en las arcas municipales porque lo asumió la promotora, aunque el consistorio dejaba de ingresar dinero en metálico por este pago en especie que se tuvo que cerrar.
Casi cuatro años después, Urbano, al final del nuevo mandato ha querido quitarse la espinita y ha montado otro tobogán, pero está vez dentro de las nuevas dependencias municipales. Han instalado una chorraera para unir la quinta y la cuarta planta destinadas a empleados municipales. La estructura sigue siendo metálica pero cerrada, en forma de tubo y haciendo un looping, pero conuna moqueta verde al final, para amortiguar la caída.
Sin sueldo ni dietas
Estepona es una ciudad costera de la provincia de Málaga con 74.500 habitantes. La corporación municipal tiene 25 concejales, 21 son del PP y cuatro del PSOE. Urbano es registrador de la propiedad, tiene aprobada su compatibilidad para poder ejercer como alcalde de la localidad, pero no cobra un sueldo público del consistorio. Es una circunstancia que viene de anteriores mandatos. En 2008, el entonces alcalde socialista, Antonio Barrientos, percibía 80.956 euros brutos anuales. Además, el alcalde tampoco percibe indemnización o dietas por la asistencia a los diferentes órganos colegiados. Urbano se presentará a la reelección en mayo. Comenzó en 2011 y lo primero que hizo fue renunciar al sueldo. “No he cobrado del Ayuntamiento ni un solo euro. Nunca. Ni en sueldo, ni en dietas, ni en asistencias a plenos del consistorio u otros. Nada de nada. Tengo mi profesión y la compatibilidad reconocida, afortunadamente no me hace falta el dinero”, reconocía en una entrevista concedida a Libre Mercado en junio de 2019, unos días después de convertirse en el alcalde más votado de España.
Según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el alcalde de Estepona, con menos de 75.000 habitantes, podía cobrar un máximo de 68.985 euros anuales en 2019. Urbano no cobra, ni las dietas. El Pleno del consistorio de junio de ese año fijó unas asistencias de 300 euros por Pleno; 150 euros por Junta de Gobierno Local; 50 euros a los presidentes de la Comisiones y 30 a los vocales. Además, los concejales de área con dedicación exclusiva cobran 68.850 euros, y los ediles con dedicación parcial de 50%, 34.425 euros anuales. Por su parte, los concejales delegados, adjuntos o adscritos a tiempo completo perciben 48.740 euros y los que tienen una dedicación parcial, 24.370 euros. Estas cifras podrán cambiar a partir de junio de este año.
Abogado, registrador y notario
José María García Urbano nació en Coín, Málaga, en 1963. Es licenciado en Derecho. Según la página web de los ‘populares’, es abogado del Estado, registrador de la Propiedad y notario. Es presidente del PP de Estepona. Ejerce la vara de mando en el gobierno municipal desde 2011. Ha representado al Estado español en diversas misiones internacionales. También ha formado parte de la Comisión Internacional del Estado Civil como miembro permanente. Fue reconocido por ello en 1995 con la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Entre 1985 y 1994 ocupó diversos puestos en el Ministerio de Justicia y llegó a ser subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil.
Ha sido registrador de la propiedad en Fuengirola y Benalmádena y notario en Estepona durante 13 años. Es profesor asociado de Derecho Privado en la Universidad a Distancia UNED; de Derecho Civil en la Universidad de Málaga (UMA) y de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos