Este miércoles, el Parlamento andaluz ha dado luz verde a la tramitación por la vía de urgencia de la proposición de ley presentada por el Partido Popular (PP) y Vox para ampliar los regadíos en Doñana.
La medida busca legalizar cultivos hasta ahora ilegales en el entorno del parque nacional, que se encuentra en estado crítico debido a la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de lluvias. La Comisión Europea ha amenazado con sanciones económicas a España si se aprueba esta medida, que también ha provocado el rechazo de ecologistas y científicos.
La proposición presentada por el actual Gobierno andaluz tiene como objetivo reorganizar los regadíos de la Corona Norte de Doñana, para «mejorar la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva)». La oposición, compuesta por el PSOE-A, Por Andalucía y Adelante Andalucía, se opone a esta medida.
La proposición de ley reconoce como agrícolas unas 800 hectáreas, lo que cuestiona la Comisión Europea, que amenaza con multas, y el Gobierno central que recurrirá al Tribunal Constitucional por «invasión» de competencias si se aprueba.
El Ejecutivo andaluz defiende que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra que, según la Junta, tiene que acometer el Estado.
La oposición sostiene, sin embargo, que el único trasvase de agua superficial (19,9 hectómetros) autorizado por ley y previsto por la Confederación del Guadalquivir es para autorizaciones ya asignadas con el fin de reducir la presión sobre el acuífero de Doñana y cumplir con las exigencias de Bruselas.
El PP y Vox pretenden dar una solución a los agricultores y regantes de la zona que han denunciado que el anterior Plan de la Fresa (2014), les dejó fuera pese a tener ya actividad en la zona, esencialmente el cultivo de fresas y frutos rojos.
La Comisión Europea considera la ampliación de regadíos una «violación flagrante» de la sentencia del Tribunal de Justicia europeo, que obliga a proteger esta reserva natural de incalculable valor ecológico. El Gobierno ha advertido que adoptará todas las medidas que sean necesarias para «defender» a Doñana.
El Gobierno central se opone a la medida
El Gobierno central se opone a la medida, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, de hacer «un daño inmenso» a Andalucía y a España desde su «arrogancia de señorito». «Las cadenas de distribución de toda Europa van a cuestionar el origen de las fresas de Doñana, porque no van a saber diferenciar qué es legal y que es ilegal», ha añadido Ribera en una entrevista en La Sexta.
La ministra ha advertido además que la Comisión incluso podría bloquear el acceso de España a los fondos europeos.
Durante el debate de esta proposición de ley, la diputada del grupo Mixto-Adelante Andalucía Maribel Mora ha depositado un vaso de arena seca en el escaño del presidente andaluz, Juanma Moreno, tras asegurar que el líder popular dejará Doñana «seca» con la ley que amplía los regadíos en el entorno del parque.
Ante el murmullo y la sorpresa del resto del hemiciclo, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha llamado a la diputada al orden y le ha reprendido el acto. «Un poquito de por favor y dignidad, señora diputada. Usted se ha mofado de la Cámara y le ha faltado el respeto», ha exclamado el presidente.