El gobierno de coalición ha conseguido llegar a un acuerdo con Esquerra Republicana y EH Bildu para la Ley de Vivienda que incluye los límites del precio de alquiler. Una cuestión importante, ya que limitar el precio de alquiler era el principal obstáculo. Además, esto supone el cumplimiento de una de las promesas más relevantes de los partidos del gobierno.
Siendo más exactos, esa limitación en el precio del alquiler será del 3% y se aplicará a partir del 2024. De esta manera, se busca poner coto a la especulación, a la banca y a los fondos buitre. Según Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, «hoy gana la ciudadanía y pierden Blackstone, los fondos buitre, la banca y los especuladores». Y considera esta negociación para este acuerdo ha sido «la más difícil» de toda la legislatura.
Para el gobierno de coalición era necesario sacar adelante la Ley de Vivienda porque el tiempo se les echaba encima y parecía que la legislatura iba a finalizar sin una de las mayores promesas de las formaciones que están dentro del gobierno. No obstante, este acuerdo llega en pleno año electoral; un factor clave que puede haber acelerado las negociaciones.
Pilar Alegría, ministra de Educación, cree que este acuerdo es «una conquista histórica». «La futura ley asegura y refuerza el quinto pilar del Estado del bienestar, garantizando el derecho a una vivienda digna y adecuada pueda ejercerse en condiciones asequibles.» Además, añade que dan «respuesta a una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, desarrollando por ley un derecho constitucional».
La ministra de Educación señala la grave crisis que sufre España respecto al acceso a la vivienda. Y para validar más la necesidad de la Ley de Vivienda menciona el artículo 47 de la Constitución Española: «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos serán los que promuevan las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho.»
Pedro Sánchez lo ve igualmente como «un acuerdo histórico para aprobar la primera Ley de Derecho a Vivienda de nuestra democracia».
Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra este acuerdo: «el entorno político de ETA hoy decidirá cómo va a ser la vivienda de todos los españoles». Según la presidenta de la Comunidad de Madrid del PP, «todo lo que sea intervenir va a ser llevar a España a la pobreza más absoluta» y afirma que ellos no van a permitir «empobrecer masivamente a toda España». Y afirma que «se recurrirá a tribunales siempre que se ataque a competencias de las comunidades autónomas», ya que algunas partes que toca esta ley son competencia de las comunidades.
Por otra parte, solo el 2’5% del parque de vivienda es pública, un porcentaje que está por debajo de la media de otros países de la Unión Europea.
Según el comunicado del Congreso, en la Ley de Vivienda «se elimina el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos» porque «el IPC ha demostrado ser un índice que en pocos meses puede generar fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo».
Asimismo, se pondrá el foco en aquellos propietarios que posean cinco viviendas o más en «área tensionada». Se les aplicará «las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietarios».
Cuando llegue el 1 de enero de 2025, se establecerá un nuevo índice que sea inferior a la evolución del IPC.
Esta Ley de Vivienda también pone especial atención en las familias vulnerables que corren el riesgo de ser desahuciadas aplicando «un sistema de arbitraje que propicie el acuerdo entre arrendador y arrendatario» y «de no haber acuerdo, se concede el tiempo necesario para que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones habitacionales y se habilita al juez a establecer plazos superiores.» Por otro lado, los pagos relacionados con la gestión inmobiliaria serán responsabilidad del arrendador.
También quedará prohibido añadir otros gastos para aumentar las rentas del alquiler, como pueden ser los gastos de la comunidad. Esto tiene como objetivo evitar los fraudes de ley.
En principio, la Ley de Vivienda tendría que entrar en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
¿Por qué se ha tardado tanto tiempo en llegar a un acuerdo para la Ley de Vivienda?
Al principio, el control de precios solo se iba a aplicar para arrendatarios que tuvieran más de 10 propiedades. Tampoco ha sido fácil en las negociaciones sobre la Ley de Vivienda para que esta ofreciera alternativas para quienes sufren de un desahucio.
Una de las críticas que se hacen a esta Ley de Vivienda es que pone gran parte de la carga y responsabilidad sobre los propietarios de las viviendas.