Tras ocho horas de reunión sin llegar a un acuerdo sobre el aumento salarial, el comité de huelga de los funcionarios de la Administración de Justicia decidía este martes encerrarse en el Ministerio.
Se trata de la tercera reunión mantenida entre el Ministerio y los funcionarios en el contexto de la huelga indefinida que comenzó el 17 de abril. Los funcionarios han llevado a cabo paros parciales y totales, así como concentraciones frente a diferentes sedes gubernamentales.
Su objetivo es ser recibidos por alguien capaz de negociar y tomar decisiones. Según el comité, el secretario de Estado de Justicia, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, no es un interlocutor válido debido a su intransigencia y falta de voluntad para dialogar y resolver conflictos. Exigen al Gobierno que designe a otra persona para continuar las negociaciones.
En la reunión celebrada este martes, el Ministerio rechazó plantear una oferta económica que respondiera a la demanda de los funcionarios de una subida salarial de hasta 430 euros brutos al mes.
El Ministerio se comprometió a negociar el nuevo anteproyecto de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa una vez que se constituyan los nuevos gobiernos central y autonómicos. Sin embargo, los sindicatos rechazaron esta oferta y exigieron que se presentara por escrito. Según el Ministerio de Justicia, los representantes sindicales rechazaron cualquier opción de diálogo constructivo sin consultar previamente a sus bases.
Durante la reunión, los funcionarios criticaron la falta de una oferta salarial adecuada por parte del secretario de Estado de Justicia. Según ellos, solo se les ofreció el compromiso de negociar el reconocimiento de funciones con un aumento salarial una vez que se forme el nuevo Gobierno después de las elecciones generales.
El comité de huelga presentó una propuesta que incluía una subida salarial de aproximadamente 430 euros brutos al mes y la redefinición de sus funciones para obtener un reconocimiento profesional adecuado. También propusieron un compromiso para negociar cualquier nueva ley que afecte a las condiciones de trabajo de los funcionarios. Sin embargo, el Ministerio solicitó tiempo para analizar la contraoferta y, finalmente, la rechazó.
Desde Justicia se ha lamentado el grave perjuicio que se está ocasionando a la ciudadanía y a otros profesionales del sector justicia, al mantener una huelga a 47 días de unas elecciones generales, en un contexto en el que se hace inviable alcanzar cualquier acuerdo que pudiera vincular a gobiernos autonómicos que se encuentran en funciones y sobre la base de un Proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa que ha decaído.