Los emprendedores se enfrentan a una serie de desafíos al comenzar sus empresas, y uno de los más notables es el sueldo que se asignan al principio de la aventura empresarial. A menudo, sacrifican una retribución elevada y estable para seguir su pasión y convertir sus ideas en realidad. En las etapas iniciales de un emprendimiento, los ingresos son inciertos y los recursos son limitados. Es común que los emprendedores inviertan la mayor parte de sus ahorros personales en el negocio y renuncien a un salario regular para mantener a flote la empresa. Esto puede crear una enorme presión financiera y personal, especialmente si tienen responsabilidades familiares. Con todo, existen portales especializados que ofrecen consejos y baremos para calcular el sueldo de una persona que empieza con su negocio.
Por otro lado, la web de Glassdoor publica ejemplos de salarios en España que superan los 50.000 euros brutos anuales, pero que pueden parecer irreales para un chaval de 20 años que tiene su proyecto en un vivero o incubadora de empresas. Por otra parte, cabe valorar la opción de no ponerse sueldo y quedarse una parte de los beneficios, si es que en los tres primeros años de la empresa existen, pero, a nivel fiscal, siempre es recomendable una nómina, aunque sea de 1.000 euros brutos al mes. Además, el sueldo limitado puede dificultar la contratación de empleados clave para el equipo. Ofrecer salarios competitivos es esencial para atraer y retener talento, pero en las primeras etapas esto puede ser un desafío y retrasar el crecimiento del negocio y limitar la capacidad de competir con otras empresas establecidas. A la hora de ofrecer un empujón financiero a los proyectos, las Administraciones Públicas establecen ayudas, líneas de crédito blando y otro tipo de servicios que posibiliten la supervivencia de la empresa. Desgraciadamente, la esperanza de vida de una startup, empresas que comienzan y que tienen un componente tecnológico, sigue siendo muy baja.
A nivel estatal existe la Empresa Nacional de Innovación Sociedad Anónima (ENISA) que “presta apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas que, como la tuya, quieren impulsar sus proyectos de emprendimiento innovador”. Pero, ¿quién está detrás de esta mercantil? ENISA es una empresa de capital público que depende de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa. La firma, que se creó en 1982 y el año pasado cumplió 40 años, está dentro del organigrama del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que lidera Héctor Gómez. Como sociedad anónima, el 97,60% de su accionariado depende de la Dirección General del Patrimonio del Estado; el 2,21% es del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial; un 0,12% depende del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía; y un 0,07% es de ICEX España Exportación e Inversiones.
Un préstamo participativo de ENISA provoca un efecto multiplicador de la inversión de 3,7 veces en activos totales y de 0,8 en inmateriales. ¿Ejemplos? Glovo, Cabify, Holaluz, Florette Pastoret, Filmin o Scalpers, entre otras empresas. Recientemente, la empresa anunció que empezaría a dar las primeras certificaciones a startups antes de que acabara el mes de mayo.
Retribuciones
Respecto del equipo directivo, el consejero delegado es José Bayón López desde octubre de 2018; director de Operaciones, Juan Manuel Garrido Moreno; director de Fomento del Ecosistema Emprendedor, Jordi García Brustenga; secretaria general, María Teresa Jareño Macías; directora Económico-Financiera, Lizet Rocío Martínez Prado.
En 2021, últimos datos publicados, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad cobraron 65.516 euros (entre todos) “en concepto de dietas por asistencia a las reuniones del de dicho consejo y de la Comisión de Auditoría”. El Consejo de Administración está formado por 11 personas: la presidenta es la directora general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. María José Muñoz Martínez fue nombrada por el Consejo el 28 de febrero de este año. Muñoz percibe su sueldo como directora general. Según el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado, su predecesor en el puesto cobró 108.767 euros, incluidos 11 trienios de antigüedad, en 2022.
Bayón, percibió 99.442 euros “por todos los conceptos retributivos”. Por otra parte, la retribución de la alta dirección, excluido Bayón, fue de 255.450 euros entre cuatro personas. Son unos 63.865 euros de media cada uno. También es miembro del Consejo de Administración desde junio de 2018. También son miembros, (los que se han repartido los 65.516 euros en 2021) Manuel Ortuño Bernabé, como vocal asesor de la Oficina Nacional de Contabilidad, que pertenece a la Intervención general de la Administración del Estado; María Vega Gil Díaz, como directora de Certificación y Compra Pública Innovadora, del centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI); Mercedes de la Guardia Rosales, interventora delegada del Ministerio de Justicia, también de la Intervención General; María Dolores Cancela Rey, subdirectora general de Clasificación de Contratistas y Registros de Contratos, del Ministerio de Hacienda; Mercedes Abascal Rojo, subdirectora general de Gestión de la Deuda Pública, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital; Héctor Morán Rodríguez, asesor del secretario de Estado de Empleo y Economía Social, del Ministerio de Trabajo y Economía Social; Gonzalo Fernández Rodríguez, abogado del Estado, que es secretario general del Tribunal Económico Administrativo Central; Yolanda Alcalá García, subdirectora general, que trabaja en la subdirección general de Apoyo a la Pyme, dentro del Ministerio de Industria; y Marta Chamorro Oter, secretaria del Consejo de Administración, que no es consejera. Es abogada del Estado Jefe en Madrid.
Según la memoria anual de 2021 los gastos de personal fueron de 3,1 millones de euros con este desglose: 2,1 millones en sueldos, salarios y asimilados; 65.516 euros del Consejo de Administración; 575.760 euros de Seguridad Social; y 352.303 euros de “otros gastos sociales”. Cuando terminó el año, había 51 personas en nómina: cuatro directivos, todos hombres; 46 técnicos, 28 mujeres y 18 hombres; y una administrativa. El importe neto de la cifra de negocios fue de 16,9 millones, frente a los 23,5 de 2020.
Ingeniero industrial
Bayón es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e ingeniero de Producción y Logística por la Universidad Técnica de Múnich (TUM). También es máster en Gestión política por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). De su experiencia política cabe destacar que ha sido concejal y teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Segovia. En cambio, en el ámbito privado, ha trabajado en empresas españolas y alemanas, como Daimler AG, Airbus, General Electric o General Dynamics. Entre sus funciones está la de ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración; labores de representación y proponer un programa de actuación, inversión y financiación.
Código ético y de conducta
ENISA promueve la honestidad, la imparcialidad y la transparencia en todas sus actividades. Se espera que los empleados actúen de manera ética, evitando cualquier conflicto de intereses y manteniendo la confidencialidad de la información sensible. La web habla de transparencia, integridad y responsabilidad en todas sus operaciones. Los empleados deben estar familiarizados con las normativas relevantes y asegurarse de que sus acciones se ajusten a ellas. Entre otros puntos destacamos:
Los miembros del Consejo de Administración actuarán, en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la Constitución, el resto del ordenamiento jurídico y los acuerdos de la Junta General de ENISA, y ajustarán sus actuaciones a los siguientes principios éticos y de conducta que se desarrollan en este Código: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación a las funciones propias de su cargo, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, y promoción de un entorno cultural diverso, medioambientalmente sostenible y no discriminatorio.
No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o jurídicas. No influirán en la agilización o resolución de trámite, procedimiento, o negocio jurídico en que ENISA participe sin causa justa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio o beneficio para ellos o su entorno familiar y social inmediato. Rechazarán cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vayan más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, así como cualesquiera préstamos o prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos