La semana pasada, el presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presentó el programa electoral con el que concurre al próximo 23J. Uno de los puntos dentro del bloque de transparencia y rendición de cuentas es el compromiso para la puesta en marcha del Estatuto del directivo público profesional para garantizar la profesionalidad en cada puesto. Desconocemos si es una prioridad de Gobierno para los primeros 100 días de llegar a La Moncloa o un simple brindis al sol. Si entra en vigor esta norma, ya no veremos a personas colocadas en puestos de alta responsabilidad sin formación en el área, como aquel filósofo que José Luis Ábalos puso a presidir la empresa pública de uranio o una enfermera, como cuota del PSOE de Murcia, al frente de una compañía naviera estatal.
Recientemente, la Fundación Hay Derecho ha vuelto a sacar a la luz un estudio que analiza los criterios para nombrar los máximos directivos del sector públicos en la Comunidad de Madrid y en la Comunitat Valenciana. Los resultados de ‘El Dedómetro’, el nombre del informe, dejan bien claro que existe “una alta opacidad en la publicación de sus méritos y capacidades, y que este hecho es estructural, trascendiendo a los partidos o territorios. Según la investigación, el 60% de los responsables de entidades y empresas públicas no están capacitados para dirigirlas, señala el informe, consultado por Estrella Digital.
Sabemos que en España no hace falta tener titulación universitaria para ser presidente del Gobierno, ministro, presidente de una comunidad autónoma, consejero, alcalde o concejal. No obstante, sí es necesaria esa titulación para acceder a ciertos puestos de responsabilidad en la Administración Pública, además de aprobar unas oposiciones y un concurso de méritos. Es el caso de los secretarios, tesoreros o interventores de un ayuntamiento, abogados del Estado, gestores y economistas del Estado, jueces y fiscales, entre otros.
Algunos ejemplos
También es verdad que ningún Ejecutivo en su sano juicio pondría al frente de un ministerio a una persona sin experiencia previa en tareas gubernamentales y con conocimientos legislativos. Con todo, el presidente del Gobierno tiene la facultad de nombrar a sus ministros, que en su mayoría tienen estudios universitarios, pero no es un requisito y estos, formar a su equipo en los escalones inferiores del organigrama: secretarios de Estado, subsecretarios, secretarios generales, secretarios generales técnicos y directores generales. Además, existe el perfil de director de Gabinete, que en el caso de Pedro Sánchez tiene rango de secretario de Estado y el de las vicepresidentas del Gobierno, rango de subsecretario. En cambio, los directores de Gabinete de los ministros tienen rango de director general. Todos sus nombres, retribuciones y currículum aparecen publicados en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. Incluso los secretarios de Estado también tienen director de Gabinete, pero sus datos no se publican porque tienen rango de subdirector general, y por lo tanto, no se consideran altos cargos. El director de Gabinete de Sánchez es Óscar López Águeda y cobró 122.894 euros brutos anuales en 2022, según el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado. Cerca de 45.000 euros de esa cantidad corresponden al complemento de productividad. López no es funcionario. En cambio, la que fuera directora de Gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, cobró 124.165 euros el año pasado, incluidos dos trienios. Judith Arnal Martínez dejó el puesto a finales de diciembre del año pasado en una decisión acordada “conjuntamente”, según un comunicado del Ministerio. Le sustituyó Andrés Valverde Álvarez. Este cobró 1.154 euros por cuatro días en el cargo. Fue nombrado el 27 de diciembre. El director de Gabinete de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Asuntos Sociales, Yolanda Díaz, cobró 114.038 euros el año pasado. Conclusión, en todos los ejemplos que hemos mencionado, el director de Gabinete cobra bastante más que su superior ya que el presidente del Gobierno cobra 90.010 euros; las vicepresidentas del Gobierno perciben 84.600 euros; y los ministros, 79.415 euros anuales.
Pero también un presidente de un parlamento autonómico o un alcalde tiene director de Gabinete. En la capital del Estado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, nombró al periodista Jorge Moreta como director general del Gabinete de Alcaldía. Según la tabla de retribuciones del consistorio, actualizadas a marzo de este año, el puesto tiene un sueldo público asignado de 81.906 euros anuales. En Barcelona, ayuntamiento que está gobernada por el socialista Jaume Collboni, su director de Alcaldía, percibirá 94.124 euros al año. Y la alcaldesa de Valencia, la tercera ciudad de España, María José Catalá, ha nombrado a Cristóbal Grau como su jefe de Gabinete. Cobrará unos 73.000 euros. Sin salir de la Comunitat Valenciana, la nueva presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, de Vox, fichó para este puesto a Emilio Daniel Villarreal, según el Boletín Oficial de la cámara. Hasta ahora, Villarreal era el jefe de Estudios de las Cortes de Castilla y León, otro cargo de libre designación, encargado de preparar los discursos del presidente de ese parlamento, Carlos Pollán. Villarreal ocupa un puesto con nivel de retribución del Grupo A1, unos 55.000 euros brutos anuales, que podrán incrementarse en 20.000 euros más gracias a la dedicación exclusiva.
En la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso tiene tres asesores propios en nómina. No aparece como tal el cargo de ‘director o jefe de Gabinete’ en el Portal de Transparencia, pero Oliva Cristina García Robredo es la que tiene el sueldo público más alto, con 85.909 euros. Por su parte, Pere Aragonès, en la Generalitat de Cataluña, tiene a Helena Ricoma como “Gabinete del Presidente” con un salario de 92.259 euros al año en calidad de eventual. El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Ximo Puig, tiene a Esther Ortega como directora de Gabinete. Hasta ahora tenía un sueldo de 55.916 euros al año. El que fuera presidente de Cantabria hasta hace unas semanas, Miguel Ángel Revilla, percibía una retribución de 61.793 euros al inicio de la legislatura pasada, en 2019 y su director de Gabinete cobraba más, 62.876 euros.
El perfil
En el complejo entramado gubernamental, el director o jefe de Gabinete emerge como una figura clave para el adecuado funcionamiento de la administración pública. Ya sea en el ámbito presidencial, ministerial o autonómico, su labor va más allá de la mera asistencia, convirtiéndose en una estrategia y colaborador cercano del líder político. Hablamos de puestos de gran confianza y responsabilidad. Su función principal es actuar como enlace directo entre el mandatario y su equipo de trabajo, garantizando una coordinación efectiva y un flujo constante de información. Además, asesora al político que lo nombró en asuntos estratégicos, políticos y de gestión, aportando una visión global y evaluando la viabilidad de propuestas y decisiones.
Sus funciones incluyen la gestión y seguimiento de la agenda del cargo público, la asesoría política, incluida la revisión de discursos, la comunicación institucional y la coordinación con los diferentes departamentos y entidades autonómicas. Asimismo, garantiza la coherencia y alineación de las políticas y decisiones gubernamentales. También está en contacto directo con el jefe de Prensa.
Es fundamental contar con una formación universitaria en áreas como Ciencias Políticas, Comunicación o Periodismo, Derecho, Administración Pública o Relaciones Internacionales, que proporcione una comprensión profunda de los sistemas políticos y gubernamentales. Además, es necesario contar con una amplia experiencia en el ámbito político y administrativo, preferiblemente en puestos de responsabilidad dentro de la administración pública o en asesoramiento político. Se valora positivamente el conocimiento del funcionamiento y las dinámicas de la institución correspondiente, así como una visión estratégica y habilidades de gestión.
Asimismo, se requiere una capacidad demostrada para coordinar equipos de trabajo, gestionar agendas y tomar decisiones en entornos políticamente sensibles. La habilidad para comunicarse de manera efectiva, tanto oralmente como por escrito, es crucial, así como la capacidad para establecer relaciones interpersonales sólidas y gestionar la interacción con diversos actores políticos y sociales.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos