El Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla ha emitido una sentencia este viernes, en la que desestima la demanda interpuesta por la Junta de Andalucía contra la multinacional sueca Boliden Apirsa, exigiendo 89,8 millones de euros en concepto de costes de restauración natural, asumidos por la Administración autonómica tras la catástrofe ambiental de 1998, originada por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados de la mina de Aznalcóllar, entonces operada por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa).
La sentencia, condena en costas a la Administración andaluza. Cabe mencionar que esta resolución no es definitiva y puede ser objeto de recurso de apelación ante el Juzgado de Primera Instancia número once en un plazo de 20 días a partir de la notificación a las partes.
La Justicia argumenta que «la acción ejercitada no puede sustentarse en la normativa y doctrinas invocadas«, lo que lleva a la desestimación de la demanda.
Las acciones emprendidas por la Junta de Andalucía tras el desastre de Aznalcóllar, por el que exigía 90 millones a la multinacional minera sueca, estuvieron relacionadas con diversas medidas, tales como la retirada de lodos (7.000 millones de litros de material contaminado, con un coste de 46,9 millones de euros), depuración de aguas en la zona de Entremuros (14,460 millones), control de la calidad ambiental (2,4 millones), investigación científica (5,2 millones), restauración ecológica de la zona afectada (16,5 millones), asistencias técnicas y actividades complementarias (2,93 millones) y control sanitario (2,065 millones).