El Partido Popular ha presentado ante el Tribunal Constitucional una petición formal de recusación contra la magistrada Laura Díez, encargada del caso relacionado con el voto exterior en Madrid. Esta solicitud se sustenta en lo estipulado por el artículo 219 de la Ley del Poder Judicial y en la presunta falta de imparcialidad de la magistrada.
Informaciones de diversos medios sugieren que Díez ha sido ponente en este proceso y ha defendido una postura que favorece la admisión del recurso de amparo impulsado por el PSOE.
El escepticismo del PP hacia la imparcialidad de Díez se refuerza con el antecedente de su desempeño en un puesto relevante dentro del Gobierno del PSOE, bajo la supervisión directa de Carmen Calvo y Félix Bolaños desde febrero de 2020 hasta abril de 2022. Adicionalmente, fue la administración de Sánchez quien la nombró magistrada en el Tribunal Constitucional, una acción similar al nombramiento del ex ministro Juan Carlos Campo.
El PP recalca en su argumentación que la Constitución Española, en su artículo 159.5, destaca que «los miembros del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato». Además, la Ley Orgánica del Poder Judicial enfatiza que la recusación es procedente cuando exista un interés directo o indirecto en el caso.
A nivel europeo, es de señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha emitido sentencias que resaltan la necesidad de mantener una apariencia de imparcialidad en casos judiciales. El PP también enfatiza que tanto la Constitución Española como la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Declaración Universal de Derechos Humanos, establecen el derecho de toda persona a ser juzgada por un tribunal imparcial y libre de conflictos de interés con las partes involucradas en el proceso.
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