En los últimos días has escuchado o leído la aparición de tres nuevas propuestas políticas de ámbito nacional o estatal. No son partidos políticos, todavía: Nexo Plataforma, La Tercera España y El Jacobino. Por ahora están en fase de ‘escucha’ como Sumar el año pasado. Han presentado su propuesta a los medios de comunicación o en redes sociales. En el segundo caso, hablamos de una mero ‘manifiesto’ de adhesión que uno de los firmantes, el escritor y filósofo Fernando Sabater, ha tenido que aclarar que no es un partido político. Por el contrario, El Jacobino, que se define como ‘izquierda ilustrada y centralista’ funcionaba en redes y se ha convertido en think thank o laboratorio de ideas y pensamiento. Ya ha dejado claro que quiere presentarse a las elecciones europeas de junio de 2024.
Con todo, los tres proyectos han saltado a la palestra informativa con algo en común: pinceladas socialdemócratas para buscar un hueco en el centro y centro izquierda del espectro político, con afán reformista, centralizador e intervencionista, una alternativa al PSOE. Defienden la igualdad de los españoles, sin privilegios territoriales, donde la transparencia y la rendición de cuentas para mejorar la calidad democrática de nuestro país son ejes básicos. Algo así como nuevas propuestas de regeneración política. ¿Te suena algo? Podemos, Ciudadanos y UPyD también ‘vendieron’ su mensaje con ideas similares. Pero, ¿qué dice Nexo, Tercera España y El Jacobino sobre lo que cobran los representantes públicos?
Repasamos el contenido relevante sobre esta materia publicado o accesible. No estamos ante un programa de un partido político al uso. En los tres casos es un mero documento a modo de puntos con ideas generales y básicas, sin desarrollar con detalle los pormenores de cómo implementar políticas públicas determinadas, sin cifras ni partidas presupuestarias adjuntas que den una pista sobre el coste aproximado para el erario.
Nexo Plataforma
En su página web se puede consultar un decálogo con 15 puntos. Ni rastro alguno sobre una referencia a la clase política y los sueldos públicos que cobran. No obstante, el punto 14 apunta a la defensa de “la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción, la evaluación independiente de las políticas públicas, la modernización de la Administración, la primacía de los criterios de mérito y capacidad en el nombramiento de los servidores públicos y el funcionamiento democrático de los partidos políticos como motores de la mejora de la acción política y del progreso de la sociedad”. Por otro lado, el último punto señala: “Apostamos por las reformas estructurales necesarias para la modernización y la transformación de España y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos públicos, dejando atrás políticas de inmovilismo, estancamiento y cortoplacismo para pasar a generar las condiciones que propicien y potencien nuestro progreso a largo plazo”.
El secretario de Nexo Plataforma, Juan Ignacio López-Bas Valero, ha respondido por escrito a Estrella Digital y Sueldos Públicos sobre esta cuestión. Sostiene que “no tenemos en este momento un posicionamiento propio sobre un tema tan concreto, que asumimos como cuestión de interés y relevante para ser tratado. En cualquier caso, y en base a nuestro decálogo inicial, nuestra apuesta por unos niveles máximos de transparencia en todo el ámbito público es decidida y firme, y estamos por el correcto cumplimiento de cuanta normativa legal y reglamentaria existe ya, tanto a nivel estatal como autonómico, en materia de transparencia en referencia a retribuciones de cargos públicos, así como de su mejora en los aspectos en que sea necesario”.
López-Bas sostiene que “en esa cuestión de retribuciones públicas, somos partidarios de una transparencia plena en cuanto a perceptores, importes y criterios de asignación, que entendemos deben estar predeterminados legalmente en todo caso”. Detrás de Nexo hay decenas de cargos críticos con la anterior dirección de Ciudadanos de Inés Arrimadas.
La Tercera España
Los firmantes de esta propuesta han rubricado una especie de manifiesto. La Tercera España (o Tercera España) tenía previsto registrarse este lunes ante notario como asociación. Es un paso previo para ser un partido político. Detrás hay antiguos cargos y militantes de UPyD y Ciudadanos. El ciudadano puede leer un documento con 10 puntos y en este caso sí aparece una propuesta concreta sobre el sueldo de los políticos. Así, el punto dos dice: “Es necesario reducir las ventajas de los políticos, desde que ellos mismos se fijen el sueldo y otros emolumentos, hasta que trapicheen con los reglamentos parlamentarios para formar y deshacer grupos a su antojo y conveniencia. También deben revisarse los privilegios del aforamiento”. Por otro lado, el punto nueve recoge: “En cuanto a la hipertrofia de ministerios, el elevado número de funcionarios no busca mejorar la calidad de la gestión. Todo lo contrario: la elefantiasis coloca a nuestras expensas a los capitostes de los partidos que apoyan al gobierno. Tercera España se compromete a limitar el número de ministerios a lo estrictamente necesario”.
Dos conclusiones. La Tercera España quiere acabar con el espectáculo lamentable que observamos al inicio de cada mandato cuando los alcaldes se suben o bajan el sueldo a su antojo. Hablan de ‘otros emolumentos’ sin más detalle. Se puede interpretar como tales las indemnizaciones exentas de tributación, un cheque de 3.000 euros anuales para taxis, como tienen los diputados y senadores en Madrid o el oscuro y opaco complemento de productividad que perciben los altos cargos ministeriales y que no cobran los ministros ni el presidente del Gobierno, por ejemplo.
Segunda conclusión. Para La Tercera España los ministerios están sobredimensionados, es necesario reducir plantillas, y evitar colocar a ‘amiguetes’ del partido.
El Jacobino
Esta tercera propuesta, que quiere presentarse a los comicios europeos del año que viene, publica en una página web seis pilares a modo de ideario político: estado social, centralismo, redistribución, ciudadanía, futuro y política exterior. Ni una línea sobre la clase política española, sus prebendas y retribuciones. Su cabeza visible es Guillermo del Valle, autor del libro ‘La izquierda traicionada’. En la red social X se define El Jacobino como ‘Izquierda jacobina | Comprometidos con la igualdad’. Este lunes la cuenta confirmó que el think thank “está poniendo los cimientos para presentarse a las elecciones europeas de 2024”.
El caso de UPyD y Ciudadanos
El manifiesto fundacional de Unión Progreso y Democracia (UPyD) es el documento que dio origen a este partido político en septiembre de 2007. En él se recogen los principios, valores y objetivos que inspiran su acción política, así como las razones que les llevaron a crear una nueva opción en el panorama español.
Entre los problemas que denunciaba en el manifiesto se encuentran: el deterioro de la calidad democrática, la corrupción política, el desafío nacionalista, la falta de regeneración institucional, la desigualdad social, la ineficacia de las administraciones públicas, el déficit educativo y cultural, y la amenaza del terrorismo. Frente a ellos, proponen una serie de medidas concretas, como: reformar la ley electoral para garantizar la proporcionalidad y la representatividad, impulsar una ley de transparencia y rendición de cuentas, defender el Estado autonómico frente al modelo confederal, promover una reforma fiscal justa y solidaria, apostar por un modelo educativo de calidad y exigencia, fomentar la investigación y la innovación, y reforzar la cooperación internacional contra el terrorismo.
Sobre la ley de transparencia y rendición de cuentas cabe destacar que se trataba de establecer mecanismos de control y fiscalización sobre la actividad pública, tanto de los representantes políticos como de las administraciones públicas. Se pretendía así prevenir y combatir la corrupción, el clientelismo, el nepotismo y el despilfarro, y garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública.
El partido se fundó el 29 de septiembre de 2007. Dentro de cuatro días sería su ‘cumpleaños’. Se disolvió 13 años después, en diciembre de 2020. Durante sus años de presencia en las instituciones públicas, la formación magenta pidió sueldos públicos racionales y que nadie cobrara más que el presidente del Gobierno. En 2014, por ejemplo, Rajoy percibía 78.185 euros brutos anuales.
En este sentido, en marzo de 2015, el Congreso de los Diputados debatió una proposición de ley que buscaba “racionalizar” los salarios de la Administración con la premisa anteriormente mencionada. Así, planteaba una especie de pirámide o escala retributiva con siete escalones. Eso sí, la propuesta al final dejaba fuera al Rey, a los presidentes del Congreso y del Senado y al resto de diputados y senadores tal y como puedes consultar en este artículo. El partido que lideraba Rosa Díez no fijaba cantidades concretas a la horquilla salarial de cada grupo retributivo, algo que debería plasmarse en un reglamento posterior tras un informe de Hacienda y Administraciones Públicas. Unos meses más tarde, en agosto de 2015 y días antes de que se desatara una tormenta interna por la posible fusión con Ciudadanos. UPyD presentó una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 en la que proponía que el sueldo del presidente del Gobierno, entonces era Mariano Rajoy fuera el más alto de la Administración Pública y se fijara como 20 veces el salario más bajo. Para ese ejercicio se fijó una retribución de 78.966 euros en 12 pagas. Eso suponía incrementarlo en un 70%, hasta casi 133.000 euros. Actualmente Pedro Sánchez cobra 90.010 euros. “La racionalización de salarios y la meritocracia exigen situar al presidente del Gobierno en la cúspide de una pirámide salarial como regla básica de control de salarios exagerados dentro del sector público que los ciudadanos ni comprenden ni aprueban», justificaba UPyD en su enmienda.
En la campaña electoral para los comicios generales de diciembre de 2015, el entonces presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, planteó que el sueldo del presidente del Gobierno debería estar entre 250.000 y 300.000 euros anuales. La formación naranja también elaboró una tabla salarial para que nadie cobrase más que el inquilino de La Moncloa, aunque la propuesta nunca existió de manera firme en el programa electoral del partido. Nada más se supo años después. En 2016, Rivera pudo haber sido vicepresidente del Gobierno de España, pero prefirió disputarse el liderazgo de la oposición con el PP de Pablo Casado y cobrar más en el Congreso de los Diputados que en un ministerio.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos