Este martes 3 de octubre se producirá una reunión importante en lo que concierne a la Ley de Regadíos de Doñana, uno de los puntos más polémicos de la actualidad política en Andalucía. La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones Teresa Ribera se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno, previsiblemente para hablar de una proposición de ley que el Gobierno de España quiere retirar y zanjar un asunto que ha enfrentado a la Junta de Andalucía con el Ejecutivo, comunidades científicas e incluso con la Unión Europea.
La reunión tendrá lugar en el Palacio de San Telmo, hogar del presidente Moreno desde que lograse ser el primer presidente de la Junta procedente del Partido Popular tras décadas con el PSOE al frente (y de izquierdas en general, dado que en su primera legislatura la Junta de Andalucía estuvo en manos del PCE). Por tanto, en esta tarde de martes se decide parte del futuro de Doñana, en base a los posibles cambios que se puedan hacer respecto a esta Ley de Regadíos – o incluso, lo que la Junta de Andalucía pudiera negociar a cambio.
En el pasado mes de septiembre, la Junta de Andalucía ya anunció una medida para proteger Doñana y comenzar su restauración ecológica: la compra de Veta la Palma, con 3.500 hectáreas de suelos inundables. Ahora bien, solo la compra y la inclusión al parque natural no es suficiente – y menos con esa Ley de Regadíos acechando, según las voces científicas especializadas. Hace falta establecer un plan de recuperación a corto y medio plazo para que Doñana pueda combatir contra los efectos del cambio climático y la sequía.
La Ley de Regadíos que fue aplazada por el debate de investidura
Esta medida fue elaborada entre el PP Andalucía que gobierna la Junta de Andalucía junto con Vox – una modificación de una proposición de ley similar que se hizo también junto a Ciudadanos antes de que la formación naranja se derrumbara. No solo el resto de formaciones políticas han estado en contra de la proposición de Ley de Regadíos desde el primer minuto, también la comunidad científica, entre ellos los expertos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, han criticado los efectos nocivos e irreversibles que podría tener esta gestión de los recursos hídricos de la Corona Norte de Doñana.
La Unión Europea, a través de su comisión de Medio Ambiente, también se manifestó al respecto, una situación que llevó a que se realizara un boicot de productos procedentes de la Corona Norte de Doñana en aquellos países que suponen el mayor mercado de exportaciones de fresas de Huelva. Aún así, esta proposición de Ley de Regadíos ha ido avanzando poco a poco hasta el Parlamento de Andalucía y a punto estuvo de ser debatida para su aprobación el pasado mes de septiembre. Solo el debate de investidura de Alberto Núñez-Feijóo – que acabó en fracaso tras dos votaciones – retrasó dos semanas el debate para su aprobación definitiva.
Gracias a este retraso es por el que Ribera ha podido agendar una reunión con Moreno, justo a una semana de la que podría ser su aprobación. Según Europa Press, el Gobierno de España en funciones persigue que se retire este texto que podría legalizar extracciones de agua ilegales en estos momentos y que supondría un mal uso de las aguas subterráneas que necesita Doñana para seguir siendo el parque natural que conocemos (así como Patrimonio de la Humanidad, una distinción que la UNESCO podría retirar si no se toman las medidas necesarias).
Además, el propio Gobierno podría recurrir al Tribunal Constitucional para tumbar la Ley de Regadíos en el caso de que fuera aprobada en el Parlamento de Andalucía. No hay que olvidar que en la actualidad el Partido Popular es mayoría y Vox es la tercera fuerza política en estos momentos, por lo que incluso con la oposición del PSOE y de los otros grupos parlamentarios de izquierdas (Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía) podrían sacarla adelante.