La política española ha sido sacudida nuevamente tras la reciente reunión en Bruselas entre Carles Puigdemont, expresidente catalán y actual «huido de la Justicia», y Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. La reunión se centró en las negociaciones para la investidura del líder socialista Pedro Sánchez, generando reacciones explosivas de la oposición.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), no ocultó su descontento, lanzando un contundente mensaje al PSOE a través de redes sociales: «Dejen de jugar a espaldas de los ciudadanos, digan qué negocian». Feijóo, subrayando la naturaleza controvertida de la reunión, insistió en que los españoles deberían ser consultados mediante elecciones, aludiendo a la falta de transparencia: «No merecen un Gobierno nacido de una mentira».
A este coro de críticas se sumó Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP, quien no dudó en calificar el encuentro en Bruselas como un «ataque al estado de derecho». En una declaración contundente, Tellado afirmó que dichas imágenes «no son una muestra de diálogo y de convivencia», calificándolas de «insulto a la judicatura, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Constitución en sí misma», así como un agravio «para la dignidad de todos los españoles».
Tellado amplió su crítica al resaltar que «esta es la primera vez que en España la investidura de un presidente del Gobierno se negocia fuera del país y se negocia además con un prófugo de la justicia». El PP ahora demanda claridad sobre los detalles del acuerdo, incluido «cuál es el precio» que podría pagar España por el apoyo a la investidura de Sánchez.
Cuca Gamarra, secretaria general del PP, por su parte, lanzó acusaciones contra Sánchez, sugiriendo manipulación de los poderes del Estado, comparando tales acciones con prácticas dictatoriales.
Mientras tanto, las declaraciones de Pedro Sánchez el pasado sábado sorprendieron a muchos. Por primera vez, el líder socialista abogó por la amnistía como «única vía posible» para formar Gobierno. Este cambio de postura llega tras las elecciones del 23 de julio, donde se hizo evidente que Sánchez necesitaría los votos del partido de Puigdemont.