En un movimiento que marca una nueva etapa en la confrontación política en España, Santiago Abascal, líder de Vox, ha anunciado una serie de acciones legales contra el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.
En una rueda de prensa celebrada esta mañana, Abascal ha declarado que su partido presentará una querella ante el Tribunal Supremo acusando directamente a Sánchez de «cohecho», en un gesto sin precedentes que sacude el panorama político nacional.
La ofensiva no se limita al presidente. Vox ha advertido que solicitará al Tribunal Constitucional medidas cautelares para detener la tramitación parlamentaria de la controvertida ley de amnistía que se discute en el Congreso y el Senado, una medida que su partido califica de «flagrantemente inconstitucional».
Esta ley de amnistía, aún en negociación entre el PSOE y Junts, ha sido el centro de una polémica nacional por su potencial para alterar la balanza de la justicia y por sus implicaciones en el equilibrio de poderes.
La tensión política se intensifica al considerar que Vox ha perdido peso en el Congreso tras las pasadas elecciones, pasando de 52 a 33 escaños, lo que limita su capacidad de interponer recursos de inconstitucionalidad. Sin embargo, Abascal ha manifestado que esto no detendrá la estrategia legal de su partido, indicando que Vox aún puede requerir medidas cautelares ante el Alto Tribunal.
Además, el líder de Vox ha instado a los gobiernos autonómicos donde su partido tiene representación a que se sumen a la batalla legal contra la ley de amnistía y contra la condonación parcial de la deuda a Cataluña acordada entre el PSOE y ERC.
Santiago Abascal ha acusado a Sánchez de buscar mantenerse en el poder a través de actos inconstitucionales, lo que, según él, supondría una amenaza para la convivencia y la paz social en España. «Estamos ante un acto de corrupción inigualable», ha aseverado Abascal, apuntando a lo que considera un intercambio de favores políticos que vulnera la esencia misma de la democracia y el estado de derecho.
La ley de amnistía propuesta ha sido criticada por Vox como una violación de principios constitucionales, incluyendo la igualdad ante la ley y la prohibición de indultos generales. Abascal ha enfatizado que la Constitución española excluye explícitamente la amnistía, y sostiene que su inclusión sería un ataque directo a la seguridad jurídica y al respeto a la separación de poderes.
La estrategia de Vox, que incluye también denunciar por «prevaricación» a la Mesa de ambas cámaras si proceden con la tramitación de la ley, es vista como una escalada en el uso de los mecanismos judiciales para influir en la política nacional. Esta maniobra legal, que promete ser compleja y potencialmente prolongada, subraya la profunda división en la política española y presagia un periodo de incertidumbre y lucha institucional.