En una reunión extraordinaria llevada a cabo este lunes, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España ha emitido una declaración institucional que ha destapado profundas fisuras en el órgano de gobierno de los jueces. La declaración, aprobada con 9 votos a favor, 5 en contra y uno en blanco, expresa una preocupación creciente por parte de este órgano constitucional ante las propuestas de amnistía para los delitos relacionados con el proceso independentista de Cataluña del 1 de octubre de 2017 y hechos conexos.
La institución judicial ha tomado esta inusual iniciativa en respuesta a las declaraciones de algunos miembros de partidos políticos, incluyendo a aquellos con responsabilidades gubernamentales, que han planteado la posibilidad de una amnistía para los delitos cometidos en el marco de los eventos de 2017, así como los previos y posteriores relacionados con actos de corrupción y la oposición a la restitución del orden público y constitucional.
El CGPJ, que ha mantenido hasta ahora una actitud de «prudente expectativa» frente a las mencionadas declaraciones, decidió romper su silencio tras las afirmaciones del Presidente del Gobierno en funciones, quien recientemente ha validado la negociación de una ley de amnistía con partidos políticos, incluyendo uno liderado por un prófugo de la justicia que se beneficiaría directamente de dicha ley. Esta ley, según el presidente, se adoptaría en «interés de España» para evitar un gobierno de derecha en caso de una posible repetición electoral.
El CGPJ sostiene que su legitimidad para pronunciarse sobre iniciativas legislativas como la amnistía no solo se desprende del artículo 561.1.8ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), sino que también se alinea con los estándares europeos en materia de independencia judicial. Citando al Comité Consultivo de Jueces Europeos del Consejo de Europa, el CGPJ defiende la participación activa de los Consejos de Justicia en el diálogo con otros poderes del Estado, especialmente en lo relativo a proyectos legislativos.
La declaración critica la elección de la tramitación parlamentaria para la propuesta de ley, que permite prescindir de los informes de los órganos consultivos del Estado, calificándola de absurda y subrayando que se ha elegido deliberadamente una vía que impide su intervención.
La institución también plantea que la concesión de una amnistía en el actual sistema constitucional español representa una grave vulneración de los derechos fundamentales y del sistema de división de poderes, y que no puede permanecer en silencio ante una iniciativa que altera la configuración del Poder Judicial establecida en la Constitución.
Los vocales que votaron en contra de la declaración institucional expresaron su preocupación por la posibilidad de confundir a la ciudadanía sobre la opinión de los jueces respecto a una norma que aún no existe. Argumentaron que la independencia de los tribunales está suficientemente garantizada y que la declaración propuesta solo consigue situar al CGPJ en un campo de batalla política indebido.
El presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, quien votó en blanco, señaló que su abstención se debió a la consideración de que el debate debería permanecer en el ámbito político hasta que se conociera un texto prelegislativo concreto.
La controversia generada por la declaración del CGPJ refleja la tensión existente en el seno del poder judicial español y la complejidad de su relación con las dinámicas políticas actuales, especialmente en un tema tan sensible y divisivo como es el proceso independentista catalán y las consecuencias legales que este ha traído consigo.
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