El grupo parlamentario Sumar tiene previsto interponer una querella ante el Tribunal Supremo contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y los vocales conservadores del organismo. La denuncia, acusa a estos miembros del CGPJ de incurrir en un presunto delito de prevaricación administrativa, con posibles consecuencias de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto se debe a su participación en el Pleno extraordinario que resultó en la declaración institucional contra la Ley de Amnistía.
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La querella se dirige contra ocho promotores de la declaración y también incluye a Wenceslao Olea, que votó a favor, y apunta a Guilarte como cooperador necesario. Sumar argumenta que esta acción representa una «inaceptable intromisión» en la función legislativa del Congreso y acusa a los vocales de arrogarse atribuciones que corresponden exclusivamente al Tribunal Constitucional.
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La denuncia destaca que la resolución contra la futura ley de amnistía se llevó a cabo sin que el texto normativo existiera o estuviera registrado. Además, Sumar sostiene que los promotores buscaban enviar a la ciudadanía «un mensaje apocalíptico» que contribuiría a una mayor crispación social. La querella hace hincapié en que la declaración institucional descalifica al jefe del Ejecutivo con afirmaciones de «extrema gravedad» ajenas a su naturaleza jurídica.
El grupo parlamentario cuestiona la base legal para convocar el pleno y argumenta que los vocales se extralimitaron en sus funciones, a pesar de ser una autoridad institucional. Sumar destaca que la decisión de interferir en una cuestión de «intereses generales» mediante una «resolución definitiva» no puede considerarse un «acto político«. Además, señala que Guilarte se desmarcó de la declaración y un vocal advirtió de las posibles consecuencias legales.