Uno de los aspectos más interesantes del llamado Acuerdo por Doñana negociado entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía son las ayudas que han anunciado para su plan de renaturalizar el Parque Nacional de Doñana al mismo tiempo que se preocupan de todos los agricultores que se ganan la vida en la zona, que comprende municipios de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. La ayuda más destacada es la de 100.000 euros por hectárea que se deje de utilizar para regadíos, tal como anunciaron tanto la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera como el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno.
Con el Acuerdo por Doñana se pone fin a mes y medio de negociaciones (pese a que se dieron un mes de tope para que estas mesas de trabajo dieran fruto) en las que ambas instituciones tratan de asegurar un futuro para Doñana. Para el Gobierno, supone aplacar el peligro de la Proposición de Ley de Regadíos llevada a cabo entre PP Andalucía y Vox y que se hubiera aprobado gracias a la mayoría absoluta de los populares. A estos les supone, además de una cuestión de imagen, solucionar un problema que tenían enquistado desde tiempo atrás, logrando financiación estatal para dar respuesta a los agricultores de la zona.
En conjunto, Gobierno y Junta tienen previsto destinar a Doñana unos 1.400 millones de euros, tal como anunciaron en Almonte el pasado lunes 27 de noviembre. El Gobierno invertirá 706 millones, siendo 350 destinados a las 14 zonas que se encuentran en el entorno de Doñana, además de los 356 millones de euros invertidos en actuaciones medioambientales. Moreno argumentó que con este Acuerdo por Doñana salen ganando tanto los agricultores, los ayuntamientos, los vecinos, las empresas de la zona, las organizaciones sociales, ecologistas y conservacionistas.
Dentro de Huelva, las zonas que se incluyen son los municipios de Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera y Rociana del Condado. En la zona dentro de la provincia de Sevilla están los municipios de Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa, añadiéndose a estos Sanlúcar de Barrameda dentro de la provincia de Cádiz.
Teresa Ribera: «Hay amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal»
En declaraciones recogidas por Europa Press, la vicepresidenta tercera hizo una curiosa referencia a la amnistía con la que Pedro Sánchez ha logrado los acuerdos con ERC y Junts per Catalunya para ser investido y volver a formar gobierno. Ribera ha defendido la seguridad jurídica de este Acuerdo por Doñana, asegurando para acceder a estas ayudas será necesario que todos los regadíos sean legales. Estas declaraciones hacen referencia a algo que muchos grupos ecologistas se temían: que también se pudieran ver beneficiados aquellos responsables de regadíos ilegales así como cultivos ilegales que han afectado de manera significante a la agricultura.
«Cualquier agricultor puede tener acceso a ellas y la legalidad del agua no está en duda. Es decir, es obligatorio cumplir todas las normas, pero en particular las normas de agua. No hay amnistía. Hay amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal«, declaró la vicepresidenta tercera Ribera.
«Desde el principio, mi gobierno dejó clara su voluntad de diálogo y que cualquier acuerdo tendría que dar solución a esas cientos de familias de la Corona Norte que se vieron en un cierto limbo jurídico y vieron amenazado su futuro. Teníamos un compromiso con esas familias y es justo reconocerles su esfuerzo y generosidad a la hora de aceptar un acuerdo«, declaró Moreno.
«Todo el mundo cede cuando se alcanza un acuerdo y han tenido que ceder en cosas. Creo que han actuado con inteligencia. En nuestra comunidad autónoma, siendo la primera potencia agrícola en España, trato con mucha frecuencia a la gente del campo y se que son gente seria, transparente y que tiene claro lo que quiere«, comentó el presidente Moreno.
«Era muy inteligente aprovechar esta importante oportunidad. Los agricultores de la Corona Norte recibirán una ayuda de 100.000 euros por hectárea que cobrarán en cinco años a razón de 20.000 euros anuales. A cambio de ello, dejarán de cultivar sus tierras y tendrán que renaturalizar por reforzar los suelos. De esa ayuda de 100.000 euros la mayor parte la aporta el Gobierno de España, 70.000, la Junta aportará 20.000 y la Diputación de Huelva se ha sumado a esa solución aportando 10.000. Los agricultores que no quieran dejar de cultivar podrán optar también por reconvertir sus explotaciones en cultivos de secano o en producción ecológica, pero hay que advertirles que las cuantías en las ayudas será bastante menor«, añadió.