En una sesión del Consejo de Ministros, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación logró la aprobación del proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. La iniciativa, que había perdido su vigencia debido a la disolución de las Cortes Generales, plantea sanciones significativas, incluyendo multas de entre 60.000 y 500.000 euros para restaurantes, bares y supermercados que desechen alimentos.
Intervenidas más de 28 toneladas de alimentos no aptos para el consumo humano
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, destacó la importancia de la ley en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Explicó que la normativa busca abordar la eficiencia económica, la protección ambiental y la justicia social al combatir la pérdida de recursos naturales y apoyar a los más vulnerables.
La ley, ahora en camino al parlamento, establece un marco legal a nivel estatal para prevenir el desperdicio alimentario. Se enfoca en la prevención y concienciación de todos los actores de la cadena alimentaria. Las infracciones graves podrían resultar en multas de 60.001 a 500.000 euros, considerando la segunda falta grave cometida en un plazo de dos años.
La normativa prioriza la donación de alimentos excedentes para consumo humano, promoviendo convenios de colaboración entre los agentes de la cadena alimentaria y organizaciones sin ánimo de lucro. La fecha de entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2025, permitiendo a los operadores ajustarse.
Para los establecimientos de hostelería, se introduce una nueva obligación: facilitar al consumidor llevarse los alimentos no consumidos sin coste adicional en envases reutilizables o fácilmente reciclables, bajo amenaza de una multa de 2.000 euros. Las empresas también deben cobrar por envases de plástico de un solo uso según la Ley de residuos 7/2022.
El proyecto de ley incluye medidas de buenas prácticas, como la venta de productos considerados «feos» o poco estéticos, y fomenta el consumo de productos de temporada, locales y ecológicos. Además, propone la adecuación de las fechas de consumo preferente para prevenir desperdicios.
El Gobierno deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, y cada agente de la cadena alimentaria debe contar con un plan de prevención. La ley se alinea con el compromiso global de reducir el desperdicio alimentario, que según la FAO, alcanza aproximadamente 1.300 millones de toneladas anuales en el mundo. En España, durante 2022, se registró un desperdicio de 1.170,45 millones de kilos o litros en los hogares.