El Partido Popular ha expresado una profunda preocupación por las declaraciones críticas del Gobierno hacia el juez Manuel García Castellón. Estas declaraciones, emitidas por la vicepresidenta tercera Teresa Rivera en una entrevista con TVE, sugieren una «cierta querencia» del magistrado por emitir pronunciamientos en «momentos políticos sensibles».
La controversia se centra en la insistencia de García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, de imputar un presunto delito de terrorismo al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, en relación con el caso ‘Tsunami Democràtic’. Fuentes del PP han interpretado estas afirmaciones como una adopción por parte del «sanchismo» de un discurso independentista que cuestiona la imparcialidad de la justicia española. Estas mismas fuentes argumentan que se está volviendo difícil diferenciar entre las declaraciones de los líderes del PSOE y las de partidos independentistas como ERC o Junts, a pesar de que anteriormente los socialistas no cuestionaban la imparcialidad de García Castellón en otros casos que implicaban a miembros del PP.
La sede del PP en Génova ha solicitado las opiniones de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, ambos con formación en derecho, sobre las declaraciones de Teresa Ribera. La falta de respuesta de estos ministros y del propio presidente del Gobierno, según el PP, confirmaría una falta de fe del PSOE en la justicia española, a menos que los jueces sean designados directamente por el presidente.
Por tanto, el Partido Popular demanda un cese inmediato de los ataques contra el poder judicial tanto por parte de los grupos independentistas como del Gobierno.
Borja Sémper, portavoz del PP, ha intervenido en esta polémica mediante un mensaje en su cuenta de X, donde acusa al Gobierno de atacar la separación de poderes y de defender a los políticos independentistas en perjuicio del Estado español.