El pasado miércoles 24 de enero, el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno pudo tener una versión ‘mini’ de la Conferencia de Presidentes que lleva cerca de tres meses pidiendo al Presidente del Gobierno Pedro Sánchez a través de dos cartas, la última enviada y hecha pública durante este mismo mes. Moreno se ha reunido, en el marco de FITUR 2024 (Feria Internacional del Turismo) con sus homólogos de Murcia, Castilla-La Mancha y Valencia: Fernando López Miras, Emiliano García-Page y Carlos Mazón. Se trata de una reunión informal en el que el tema principal ha sido la financiación autonómica de cada comunidad.
Esta charla informal entre diferentes presidentes autonómicos, tres del PP (Moreno, López Miras y Mazón) y uno del PSOE (García-Page), se ha producido a raíz de la visita de los Reyes Felipe VI y doña Letizia, quienes han estado presentes en IFEMA visitando diferentes pabellones. Moreno, López Miras y Mazón se encuentran entre los once presidentes autonómicos del PP en la actualidad (además de tener el control en las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla): Jorge Azcón (Aragón), Marga Prohens (Baleares), María José Saenz de Buruaga (Cantabria), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), María Guardiola (Extremadura), Alfonso Rueda (Galicia), Gonzalo Capellán (La Rioja) e Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid).
Las comunidades que presiden Moreno, García-Page, López Miras y Mazón son, según Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), las afectadas por el actual sistema de financiación autonómica. En el caso de Andalucía, cada año se financian 170 euros por habitante menos de lo debido, lo que supone un montante anual de 1.409 millones de euros. En el caso de Murcia son 272 euros por habitante, lo que supone 405 millones cada año, mientras que para la Comunidad Valenciana son 233 euros por habitante y 1.148 millones anuales y para Castilla-La Mancha 148 euros, lo que supone unos 345 millones cada año. El informe de Fedea al completo está disponible en este enlace.
El hecho de haberse reunido con García-Page cobra también especial relevancia dado que es el único presidente autonómico socialista que se ha mostrado crítico desde el principio con la estrategia de Sánchez con respecto a los partidos independentistas catalanes, como ya relatamos en Estrella Digital. De hecho tanto el ministro de Transportes Óscar Puente como el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán han criticado las palabras de García-Page, asegurando la dirección del PSOE que el presidente de Castilla-La Mancha está ‘en el extrarradio del partido’.
El asunto de la financiación autonómica, así como las diferentes maniobras que el PSOE ha realizado con partidos como ERC y Junts, son algunos de los asuntos que Moreno, junto a otros presidentes autonómicos, quería hablar con Sánchez en esa Conferencia de Presidentes que aún no ha tenido lugar. Una manera de hacer presión, como líder del PP Andalucía, a Sánchez teniendo en cuenta la gran mayoría de presidentes autonómicos de la formación popular con respecto al Gobierno y las comunidades autónomas bajo el mando de los socialistas.
Declaraciones de Moreno sobre su charla con presidentes autonómicos
El presidente Moreno ha hecho referencia a esta reunión informal entre los diferentes presidentes autonómicos, los correspondientes a las comunidades autónomas financiadas por debajo de la media española según los datos de Fedea del pasado lunes 22 de enero. El caso de Andalucía representa cerca de la mitad del fondo de nivelación que tendría que hacerse para compensar los déficits del actual sistema de financiación autonómica, unos 3.277 millones de euros.
«Hay en torno a 1.400 millones de infrafinanciación anual que tiene Andalucía desde hace más de una década que se aprobó el actual sistema de financiación. Hoy he tenido la ocasión de hablar con las otras comunidades autónomas implicadas que les afecta, una pequeña cumbre informal en la visita de Sus Majestades los Reyes con los presidentes de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Los cuatro hemos coincidido en algo que nos parece muy razonable: estamos a favor de renovar el modelo de financiación y vamos a colaborar en que se renueve«, declaró Moreno.
«Mientras eso llega, el Gobierno de Sánchez tiene una factura pendiente con estas cuatro comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, la factura anual es de 1.409 millones de euros. Yo lo que le pido al señor Sánchez es que de manera inmediata pague esa factura con Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía – y no hace falta una ley ni procedimiento, sino voluntad política. 1.409 millones de euros nos permitirían acabar con las listas de espera, ampliar la educación de 0 a 3 años, catorce desaladoras…es mucho dinero y muchas necesidades.
Es un dato objetivo: 1.409 millones de euros menos de lo que nos corresponde para hacer frente a los servicios públicos que nos obliga el propio Estatuto de Autonomía y la propia Constitución. Pido a Sánchez que actúe cuanto antes, que no caiga en infravalorar a Andalucía. Si lo hace, tendrá un serio problema porque los andaluces empezamos a estar cansados de esa falta de recursos para servicios esenciales mientras que se está negociando un cupo catalán de decenas de miles de millones de euros a otra comunidad autónoma. Vamos a ser muy exigentes con algo que nos pertenece«, añadió Moreno según Europa Press.
Resalta el hecho de que Moreno asegure que esos 1.409 millones de euros puedan servir para hacer desaparecer esas listas de espera que, pese al creciente presupuesto destinado en Salud por parte de la Junta (tanto en sus cinco años de mandato del PP como antes con el PSOE al frente), no ha disminuido en unos tres lustros. Unas listas de esperas aumentadas sobre todo por la falta de personal profesional, bastando con que una especialidad esté al 80% de su personal para que empiece a formarse tapón que lleva a esas listas.
Por tanto, salvo que parte de esos 1.409 millones de euros se empleasen en atraer y contratar personal para reforzar el Servicio Andaluz de Salud, el argumento es debatible. También lo es el de las desaladoras para paliar los problemas de falta de agua, salvo que ese dinero (ese cálculo de Moreno viene de que la construcción de cada desaladora cueste unos 100 millones) se traduzca en dinero que el Gobierno invierta teniendo en cuenta que es el Estado el que tiene la competencia en este caso según el decreto ley 4/2023.
