La Comisión Europea ha asumido el rol de mediador en las conversaciones entre los partidos políticos españoles, PP y PSOE, para resolver el estancamiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha convocado una reunión en Bruselas con los representantes de ambos partidos, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y Esteban González Pons, eurodiputado del PP, marcando un plazo de dos meses para alcanzar un acuerdo.
Este movimiento de la Comisión Europea es una respuesta directa al acuerdo logrado entre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en diciembre pasado. Buscan que Bruselas no solo supervise, sino que también colabore en las negociaciones para reactivar el órgano judicial, que ha estado inactivo durante cinco años debido al bloqueo político, reflejando todavía la mayoría absoluta del PP bajo Mariano Rajoy en 2013.
Didier Reynders, en su carta a Bolaños y González Pons, señala su disposición a involucrarse en un «diálogo estructurado» para solventar la situación. La reunión está programada para el 31 de diciembre, justo después de la votación en el Congreso de los Diputados sobre la ley de amnistía, que ha sido muy controvertida.
Félix Bolaños ha expresado su gratitud hacia la Comisión Europea por su «sensibilidad» y comprensión de la «urgencia» de renovar el Consejo, destacando que «se acabaron las excusas» y ha remarcado que esta negociación debe ser «la negociación definitiva». Además, espera que el acuerdo se alcance antes del plazo de dos meses establecido.
Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha mostrado su aprobación por la implicación de la Comisión y reitera que la renovación del Consejo debe negociarse junto con una nueva ley del Poder Judicial que asegure la independencia en el proceso de elección de sus miembros. Desde Fitur, ha declarado que esta intervención de Bruselas es una «buena noticia» para reforzar la independencia del Poder Judicial y abrir camino a una nueva ley que impida que los políticos pasen directamente al CGPJ o al Tribunal Constitucional.
La situación actual del CGPJ, según estimaciones gubernamentales, repercute en un coste anual de 12,5 millones de euros para los españoles, además de causar retrasos en procesos y resoluciones judiciales.