Este martes 6 de febrero, la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto-ley de unos 600 folios que servirá como ‘corazón’ del Plan Andalucía Simplifica, un plan de acción para desregularizar y optimizar tanto el funcionamiento de la propia Junta, como la burocracia relacionada tanto con trámites comunes del ciudadano de a pie como con las empresas. El portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Ecología Azul Ramón Fernández-Pacheco, en respuesta a preguntas de Estrella Digital, se ha referido a cómo afecta a la producción de combustible sintético/sostenible o biocombustibles dentro de los objetivos de su consejería.
La capacidad de Andalucía de producir energía de manera limpia es indiscutible, aprovechando las horas de sol para alimentar placas solares (existiendo parques solares en distintas partes de la comunidad autónomas) además de parques eólicos y otras formas de producción de energía limpia. Otra de ellas es la del hidrógeno verde, a través de procesos como la electrólisis, para la producción del hidrógeno como fuente de energía. Una tecnología, dicho sea de paso, en vías de desarrollo teniendo en cuenta que no es el elemento con la mayor eficiencia energética en la naturaleza – y porque sea el más abundante no significa que, como tal, pueda cogerse de cualquier lado.
Esto cobra especial relevancia si se considera que ya de por sí España es la que cuenta con uno de los parques móviles más envejecidos de toda la Unión Europea, con muchos vehículos – la gran mayoría de combustión tradicional, ya sean gasolina o gasóleo – con más de diez, más de quince y en algunos casos más de veinte años.
Incluso es posible ver en el día a día coches que, por su edad, podrían contar con la etiqueta de vehículo histórico – un trámite pendiente de simplificar por parte del Estado, pues es uno de los planes que se han quedado paralizados desde la convocatoria de elecciones generales de julio de 2023 y no se ha llevado a cabo en lo que va de legislatura. Esto se torna aún más acusado en Andalucía (sobre todo en zonas rurales, por cuestiones de infraestructura y uso de los propios vehículos), lo que afecta a nivel medioambiental no tanto a aspectos como las emisiones de CO2 como las de otros gases aún peores, como los óxidos de nitrógeno (NOx).
El combustible sostenible o sintético, el cual utiliza CO2 capturado e hidrógeno (en patentes recientes se trata de hidrógeno blanco), es una interesante propuesta que, con una huella de carbono neutra, podría permitir la vida útil de los vehículos de combustión, en un contexto en el que el mercado presenta una gran incertidumbre y un elevado coste derivado del incremento de precio de las materias primas para vehículos nuevos. Todo esto afecta al modelo de economía circular, uno de los grandes ejes de la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Ecología Azul que preside Fernández-Pacheco.
En declaraciones a Estrella Digital al final de la rueda de prensa del 6 de febrero, el consejero y portavoz recordó que tanto las medidas implementadas en este nuevo decreto-ley (que entrará en vigor una vez se publique en el BOJA en los próximos días) como las de la nueva ley GICA van a tener una incidencia marcada en este tipo de actividades. Más teniendo en cuenta su implicación en la economía circular, siendo un proceso cíclico sobre todo en relación a la captación y el uso de CO2 procedente de las cámaras de combustión de los vehículos tradicionales.
Además, el consejero y portavoz de la Junta de Andalucía recordó la ley de economía circular del 1 de mayo de 2023 destinada a favorecer las inversiones relacionadas con todo tipo de proyectos dentro de este modelo. El uso de energías más limpias es clave a la hora de reducir la huella de carbono de miles de vehículos en un momento de transición donde el paso a tecnologías como la hibridación o la electrificación total está condicionado tanto por la economía como por su viabilidad para determinados trayectos.
El uso de hidrógeno para combustibles de este tipo es interesante, sabiendo que tanto en variedades de hidrógeno ‘caliente’ (directamente en la cámara de combustión) como el frío (pila de combustible) sufre de grandes problemas de eficiencia y almacenamiento para vehículos normales. El uso de biocombustibles, donde se aprovechan los desechos de alimentos (tanto para personas como para animales), es también una tecnología que se integra de pleno en la economía circular clave para la consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Ecología Azul.
Declaraciones del portavoz de la Junta de Andalucía sobre economía circular en relación al decreto-ley de simplificación administrativa
«Estas medidas de simplificación administrativa, junto con la formulación de la nueva ley de gestión de la calidad medioambiental, la GICA, tras 16 años de vigencia, va a tener una incidencia total y absoluta en cualquier actividad que se emprenda en este entorno. Sobre todo si se emprende en el ámbito rural, por su mayor conexión con la naturaleza. Las instalaciones (refiriéndose a las de producción de combustibles sintéticos o biocombustibles) además marcan la economía circular, que es uno de los grandes objetivos que tiene la consejería.»
«La ley de economía circular que entró en vigor el 1 de mayo de 2023 ya contempla medidas que favorece este tipo de inversiones. La economía circular tiene que ser el modelo a seguir en el futuro. No podemos seguir extrayendo de la naturaleza como si fuera infinita porque, sencillamente, no lo es. La agilización de las tramitaciones ambientales va a afectar a la totalidad de las actividades que se emprenden en Andalucía. Pero es que además las que tienen que ver con la economía circular cuentan con una norma específica que sin duda va a favorecer su implantación en Andalucía«, añadió el portavoz y consejero de la Junta de Andalucía.
Como ha querido recordar el consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa Antonio Sanz, este decreto-ley cuenta con unas 450 medidas, con unas subdivisiones que llevan a que este Plan Andalucía Simplificada, tal como está diseñado, supere las 500 medidas. Para ello, se han modificado unas 176 normas, 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes.
Entre estos procesos de simplificación administrativa, también se verán afectados aquellos contratos del sector público menores (de menos de 5.000 euros), para así poder destinar personal a servicios más operativos y contratos más potentes, como ha explicado también Sanz. Estos contratos de medios y materiales tendrán un proceso simplificado – lo cual se notará sobre todo en el Servicio Andaluz de Salud a la hora de adquirir material.
«De cara a la ciudadanía, este decreto-ley incorpora medidas de la ciudadanía, ¿Cuáles no afectan a la ciudadanía? En el ámbito de la iniciativa económica o la propia reforma de la administración, que se desarrollará con nuevos planes que les he anunciado, el peso que tiene es complicado de calcular. El fin que tiene este decreto-ley y el Plan Andalucía Simplifica es el ciudadano. Es la calidad de vida del ciudadano, mejorar la vida de los ciudadanos y que la administración sea un servicio más útil, más eficaz, más sencillo«, afirmó Sanz.