El debate sobre la proposición de Ley de Amnistía, solicitado por la Mesa del Senado el pasado mes de diciembre, tendrá lugar en el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) este 21 de marzo. Este debate busca establecer un marco para la amnistía con el fin de facilitar la normalización en los ámbitos institucional, político y social en Cataluña. Wenceslao Olea y Mar Cabrejas, los vocales encargados, han compartido sus informes preliminares con los miembros del órgano judicial, marcando el inicio de un proceso de deliberación crítica.
Exclusión de la amnistía en la Constitución
El análisis de Olea subraya la propuesta como un precedente inédito desde la ratificación de la Constitución española, dividiendo su evaluación en dos segmentos. Primero, revisa la exposición de motivos de la propuesta, resaltando su fundamentación en el acuerdo político entre el PSOE y Junts per Catalunya, lo que plantea dudas sobre su alineación con el interés general.
Segundo, critica el articulado por su potencial inconstitucionalidad y la falta de precisión técnica. En particular, cuestiona la exclusión de la amnistía en la Constitución, la arbitrariedad de su proceso parlamentario y su impacto en la igualdad y la separación de poderes.
Ausencia de prohibición explícita en la Constitución
Por otro lado, la revisión de Cabrejas se centra en la legitimidad constitucional de tal medida, argumentando que la ausencia de una prohibición explícita en la Constitución no implica una imposibilidad jurídica para su implementación. Subraya la importancia de que cualquier ley de amnistía respete los principios de igualdad y proporcionalidad, aunque señala que el CGPJ no tiene la facultad de emitir un juicio definitivo sobre la constitucionalidad de la iniciativa legislativa.
Ambas propuestas abordan preocupaciones sobre la amplitud y claridad de los delitos cubiertos por la amnistía, la justificación de su marco temporal y las implicaciones de incluir actos relacionados con el terrorismo, destacando la necesidad de una definición precisa y una interpretación cautelosa para evitar conflictos con la normativa europea y los derechos humanos.
La Comisión de Justicia del Congreso aprueba la ley de amnistía