El PSOE Andalucía ha comenzado este lunes 18 de marzo realizando una denuncia pública contra la Junta de Andalucía del PP Andalucía en relación con las irregularidades que observan en las contrataciones de emergencia relacionadas con clínicas privadas desde hace varios años. Según el portavoz del partido Rafa Márquez, precisamente para evitar estos casos de opacidad por parte de la Junta de Andalucía se necesitaría aprobar la comisión de investigación en el Parlamento que llevan años pidiendo, algo que con su constitución actual se antoja difícil de imaginar.
El pasado 21 de febrero la Junta de Andalucía anunciaba la aprobación del Plan de Garantía Sanitaria, un plan que tenía como objetivo reducir en un 18% las listas de espera desde ese momento hasta finales de 2024 con una dotación de unos 283,3 millones de euros. Este plan pretende, además que aquellos casos de pacientes que se encontrasen fuera del plazo de garantía se redujeran en un 60%. Ya entonces mencionaba que se acudirían a ‘otras medidas’ en el momento en el que el Servicio Andaluz de Salud se encontrase al 100% de sus capacidades, según declaró la consejera de Salud Catalina García.
Lo que denuncia el PSOE es que, en ese mismo Consejo de Gobierno, se aprobase la contratación con clínicas privadas sin que hubiera de manera previa un concurso para optar a esa contratación por parte de las clínicas. Según varias fuentes, fue el SAS (gestionado por su gerente desde finales de diciembre, Valle García, persona de confianza de la consejera Catalina García) quien llevó a cabo este proceso utilizando una variante de las contrataciones llevadas a cabo durante la pandemia. Hay que recordar que la Organización Mundial de la Salud decretó que la emergencia del covid-19 finalizó el pasado 5 de mayo.
El mercadeo de pacientes entre la sanidad pública y la privada es más que conocido, evitando en varias ocasiones que la primera llegue al colapso o se magnifique el cuello de botella de listas de espera que resulta con que muchos pacientes fallezcan antes de poder ser tratados o entrar en quirófano. Lleva ocurriendo desde hace tres lustros, desde que el propio PSOE Andalucía, entonces al frente de la Junta, realizó recortes en sanidad en el contexto de la crisis económica mundial. Estas deficiencias provocaron un efecto bola de nieve que sigue sin corregirse, cinco años después de que el PP llegase al poder con Juanma Moreno al frente.
La cuestión consiste en si es verdaderamente lícito ampararse en un sistema de contrataciones de emergencia ideados para casos como el del covid, además de hacerlo sin publicidad del mismo. Se trata de una medida creada desde la propia Unión Europea en Bruselas y que, casi un año después de decretarse el fin de la pandemia, todavía sigue vigente, siempre y cuando se considerara que el caso es estrictamente necesario.
En la vigente Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el artículo 119, se recoge lo siguiente: «Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada.» Ahora bien, el PSOE Andalucía denuncia que se haya hecho sin concurso previo, un procedimiento negociado sin publicidad.
En el artículo 168b) de la misma ley, se recoge esta posibilidad con diferentes casos. «en los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos en que una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119.» La cuestión es cómo argumentar la situación de las listas de espera como ‘imprevisibles’, dado que no se trata de una situación repentina. Sí que se podría considerar, como indica el artículo 119, una necesidad inaplazable.
PSOE Andalucía critica las contrataciones en sanidad privada de la Junta
«La Junta de Andalucía del señor Moreno Bonilla creó un procedimiento específico para desviar de forma masiva recursos públicos a la sanidad privada con apariencia de legalidad sin tenerla en el que la arbitrariedad, la falta de transparencias, la opacidad y el descontrol han sido las señas de identidad que lo han caracterizado. Le pedíamos al Partido Popular que si no tenía nada que esconder, debía acceder a la constitución de la comisión de investigación solicitada«, declaró el parlamentario del PSOE Andalucía Rafa Márquez.
«La propia Junta de Andalucía, de manera incomprensible y carente de todo fundamento, ha justificado la vuelta a las contrataciones a dedo a través de los negociados sin publicidad, a partir de una norma europea sobre catástrofes naturales que nada tiene que ver con lo que estamos viviendo. Además, a partir de datos parciales, incompletos que en ningún caso justifican ni avalan tal decisión. Es un claro ejemplo de por qué necesitamos que se celebre una comisión de investigación para poner blancos sobre negros en esta realidad«, añadió Márquez.
Es decir, el PSOE Andalucía manda este mensaje hacia Europa para evidenciar esta práctica del PP Andalucía que se realiza, en teoría, para reducir las listas de espera quirúrgicas y atajar el mayor problema que tiene la Junta en sus manos en esta legislatura (después de apagar el fuego, por suerte metafórico, que se cernía sobre Doñana con la Ley de Regadíos), junto con el caso del Bono Alquiler Joven. Una medida que, por supuesto, beneficia a clínicas privadas concretas.
Esta interpretación de ‘catástrofes naturales‘ suena similar a la que ya hizo el PP Andalucía a principios de este año precisamente con Doñana, cuando Juanma Moreno solicitaba en Bruselas el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea – un fondo pensado para ayudar en casos de terremotos, tsunamis o erupciones de volcanes, situaciones en la que hubiera que reubicar personas debido a catástrofes naturales, tal como explicó la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera.