La Secretaría General del Senado ha emitido un informe, redactado por la secretaria general, Sara Sieira, en el cual se señala que la propuesta de ley de amnistía contraviene elementos esenciales de la Constitución Española. Este documento destaca por su firme posición en que la propuesta «vulnera principios, valores y derechos fundamentales de la Constitución», una crítica que se sostiene tanto en su proceso de tramitación como en su contenido, al punto de considerarlo una «reforma encubierta de la Constitución».
A pesar de las serias inquietudes planteadas, la Mesa de la Cámara Alta, donde predomina el Partido Popular (PP), ha optado por seguir adelante con la tramitación de la ley, citando «obligación legal» como su principal motivo. Según el análisis detallado, la iniciativa legislativa padece de falencias que amenazan con invalidar cualquier procedimiento previo realizado en el Congreso, dado que «Los vicios de inconstitucionalidad no podrían depurarse en esta fase ni en ninguna otra».
Los letrados del Senado ven defectos constitucionales
El equipo jurídico del Senado, que opera con independencia respecto a sus homólogos del Congreso, ha hecho hincapié en la necesidad de abordar los defectos constitucionales subrayados. Critican, además, la actitud de la Mesa del Congreso por minimizar la urgencia del asunto y extender los plazos de manera que contradicen el procedimiento estipulado.
Desde una perspectiva más amplia, se argumenta que la ley atenta contra fundamentos constitucionales como la justicia, la separación de poderes, y principios de igualdad y seguridad jurídica, entre otros. Se cuestiona particularmente el manejo de delitos de terrorismo y malversación bajo esta propuesta, apuntando a conflictos con directivas de la Unión Europea y el propio Código Penal español.
El informe también desestima comparaciones entre el contexto político actual y casos históricos donde la amnistía facilitó transiciones políticas, subrayando su carácter excepcional. No obstante, reconoce la necesidad de tramitar la proposición debido a mandatos reglamentarios que impiden su rechazo a priori, sugiriendo que se destaque la preocupación por su constitucionalidad durante el proceso.