Didier Reynders, comisario europeo de Justicia, ha confirmado por escrito que plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo suspende un procedimiento nacional, lo que afecta directamente a la aplicación de la ley de amnistía cuando quede definitivamente aprobada. Así ha respondido a una pregunta formulada por Adrián Vázquez, ex secretario general de Ciudadanos.
La pregunta de Vázquez iba orientada a conocer qué ocurriría si un juez nacional plantea una cuestión prejudicial sobre la ley de amnistía, que actualmente está en tramitación en el Senado. La respuesta de Reynders, que se hace en nombre de la Comisión, Europea, es bastante clara.
Para entenderla es necesario conocer el artículo 23 del estatuto que rige el funcionamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE): «En los asuntos sustanciados mediante el procedimiento prejudicial, la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional«.
Dicho de otra manera, no será posible aplicar la ley de amnistía hasta que el Tribunal de Justicia resuelva las cuestiones prejudiciales que planteen los tribunales nacionales «con independencia de lo que la legislación nacional establezca», recordando así la primacía del Derecho Comunitario.
«El principio de primacía se desprende que la exigencia del Derecho de la Unión de suspender el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada cualquier normativa nacional que no respete este principio», ha señalado Reynders por escrito.
El Partido Popular ha sido el primero en celebrar esta confirmación de Reynders sobre la ley de amnistía, porque creen que solo confirma que «la estrategia que el Partido Popular ha diseñado para hacer frente a la amnistía es la correcta«.