El Gobierno anunció a principios de semana que llevará al Tribunal Constitucional las iniciativas autonómicas que han impulsado PP y Vox contrarias a la Ley de Memoria Democrática. Ahora, van un paso más allá y también lo elevan a la ONU, al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.
En las últimas semanas, los gobiernos regionales de PP y Vox han derogado la Ley de Memoria Democrática en Aragón y también han presentado leyes de concordia en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Ante la «gravedad» de estas prácticas regionales, el Gobierno ha tomado la decisión de llevarlo al Constitucional y «a las principales instancias Europeas e Internacionales«.
A la derogación de las leyes de Memoria en algunas comunidades, se suma que ahora Vox quiere proteger legalmente algunos monumentos, como un monolito dedicado a un soldado de la Legión Cóndor en la Comunidad Valenciana, al que definen como un «soldado aleman». Lo hacen bajo una denominada Ley de Concordia que pretende revelarse contra la ley vigente a nivel nacional y proteger ciertos símbolos contrarios a la democracia.
Y no pretenden dejarlo aquí, porque Vox ha instado al PP a promover estas mismas iniciativas en el resto de comunidades que gobiernan, como Extremadura. Además, la formación de extrema derecha lo bautiza como una «guerra cultural».
Por eso, ahora el Gobierno lo quiere elevar a Europa. Llevarán la situación ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas y también ante el Consejo de Europa. Pretenden generar un «debate urgente» en su Asamblea Parlamentaria para analizar la derogación de las leyes de Memoria Democrática.
El Ejecutivo también ha anunciado que informará de lo ocurrido a la Secretaría General del Consejo de Europa y al Consejo de Derechos Humanos con el fin de que elaboren un informe sobre la situación en la que se encuentra España en términos de Memoria Democrática.
Entre las iniciativas que los gobiernos de PP y Vox están impulsando evitan calificar de dictadura al régimen franquista y buscan equiparar a las víctimas de la Segunda República con las del franquismo. Por eso, Víctor Ángel Torres —ministro de Política Territorial y Memoria Democrática— recuerda que el objetivo de la Ley de Memoria Democrática es «reparar el daño a todas las víctimas, pero las del bando ganador de la Guerra Civil fueron exhumadas durante el franquismo».
«No pasó lo mismo con quienes lucharon para defender el orden constitucional y democrático, y esta Ley está para ampararles«, recuerda para cerrar el asunto.