jueves, noviembre 21, 2024
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Rodrigo Rato arremete contra la Fiscalía y la Abogacía del Estado en juicio por presunto fraude

Durante el juicio por el presunto aumento indebido de su patrimonio, Rodrigo Rato se ha indignado ante ciertos argumentos presentados en la sesión, llegando a afirmar: "Nos toman por tontos"

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El exministro de Economía, Rodrigo Rato, no ha dudado en lanzar duras críticas este miércoles durante la sesión del juicio en su contra por presunto incremento ilícito de su patrimonio. En un tono enérgico, Rato ha cuestionado tanto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción como los de la Abogacía del Estado, llegando incluso a afirmar que «nos toman por tontos» respecto a ciertos planteamientos esgrimidos en la vista.

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Desde el inicio de su declaración como acusado, Rato ha anunciado que no responderá a las preguntas de la acusación debido a la utilización de «correos no expurgados» que afectan a terceras personas. En este sentido, ha manifestado su negativa a contribuir a este aspecto durante el juicio.

De manera enfática, Rato ha expresado su incredulidad ante las afirmaciones de la representación legal del Estado, especialmente sobre la idea de que durante su etapa como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) residiera en España. «Es increíble que puedan decir estas cosas, no sé de dónde sale esta gente, es muy fuerte (…) que un funcionario diga que yo he estado 10 días en Washington –sede del FMI– en 2006, nos toman por tontos», ha señalado visiblemente molesto.

Acompañado de su abogada María Massó, Rato ha desglosado minuciosamente cada una de las transferencias financieras en estudio y ha ofrecido explicaciones detalladas sobre cada sociedad y cada movimiento fiscal. «Los fondos son todos perfectamente identificables y los movimientos tienen una explicación razonable», ha afirmado.

Cabe destacar que Rodrigo Rato enfrenta acusaciones por 11 delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios. La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de aproximadamente 70 años de cárcel por el supuesto fraude de más de 8,5 millones de euros en la gestión de su patrimonio.

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