El Gobierno y Canarias han llegado a un acuerdo para reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y distribuir así a los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Es una solución que llega con el fin de abordar la grave situación en la que se encuentra Canarias.
El PSOE y Coalición Canarias ya se comprometieron a finales del año pasado a llevar a cabo esta reforma y, de hecho, era una de las peticiones para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. Al reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería, ambos gobiernos establecerían un reparto obligatorio entre comunidades autónomas en situaciones de emergencia.
Esto permitiría aliviar la situación de las comunidades más tensionadas y distribuir a los menores migrantes por toda la geografía española. Por el momento, Canarias tiene a 5.500 menores tutelados que han llegado a las costas en distintas embarcaciones. Y con esta reforma, distribuirían a 2.500 por toda la península.
La intención es que el ‘reparto’ se produzca lo antes posible, pero todavía deben pulir los aspectos legales. La principal cuestión es si este aspecto se regula mediante una proposición de ley, como quiere el Gobierno, o en un decreto ley, tal y como ha propuesto Canarias para acelerar el trámite. Lo que es evidente es que las dos partes quieren blindar al máximo la norma para evitar recursos ante el Tribunal Constitucional.
También prevén que todas las comunidades lleguen a un acuerdo solidario en la Conferencia Sectorial de Migración. Si no es así, será el Gobierno quien establezca un reparto obligatorio para todas las comunidades. La idea es aliviar la tensión de aquellas comunidades que tutelan a más menores migrantes, que actualmente son Canarias, Ceuta y Melilla.
En ningún caso podrían sobrepasar el 150% de capacidad y aunque es una cifra todavía elevada, Fernando Clavijo considera que es un primer paso para “aliviar los recursos saturados”.