El pasado domingo, Estrella Digital tuvo acceso al texto final de la Declaración de Valencia. Se trata de un documento de tres caras de folio y media fruto del debate y la deliberación durante el jueves y el viernes de los representantes de la Red de Autoridades Europeas de Integridad y Denuncia de Irregularidades (NEIWA) que se han reunido en la capital del Turia para su 9ª Asamblea General.
Es una red internacional, creada en mayo de 2019, de protección de las personas alertadoras de corrupción de la que forman parte 37 autoridades de 26 países europeos (antes de la Asamblea eran 34 y 24 respectivamente). España está presente en NEIWA a través del Ministerio de Justicia, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), la Oficina Catalana Antifraude (OAC) y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF). Eso sí, nuestro país, a nivel estatal, no dispone de una oficina al uso para abordar estos asuntos.
Esta red se constituyó a raíz de la aprobación por parte de la Unión Europea de la Directiva 2019/1937 de protección de las personas denunciantes de corrupción. NEIWA es una plataforma de cooperación e intercambio de conocimiento y experiencias en el área de la integridad y la protección de las personas alertadoras de corrupción.
Durante las dos jornadas se presentaron los informes sobre los resultados de varios grupos de trabajo constituidos dentro de la Red como el grupo sobre las denuncias realizadas por los denunciantes, o la del grupo encargado de estudiar, analizar y proponer las medidas de apoyo a las personas denunciantes.
También se dio a conocer un informe comparativo sobre los diferentes regímenes sancionadores que se aplican en varios países miembros de la Red, así como otra presentación sobre las violaciones de la legislación sancionadora de las leyes de protección de las personas denunciantes de corrupción. En este sentido, el Congreso de los Diputados aprobó con más de un año de retraso la adaptación de esta directiva, también llamada ‘whistleblower’.
Los miembros de la Red debatieron la integración de nuevos miembros y la constitución de nuevos grupos de trabajo para el próximo año. El punto fuerte de las jornadas fue la aprobación de una Declaración de Valencia de toda la Red tras las deliberaciones y debates llevados a cabo a lo largo de los dos días que duró el encuentro. Pero ¿qué dice ese documento? Pues en sus primeros párrafos no nos deja en buen lugar porque «lamenta que uno de sus miembros, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de las Islas Baleares, haya sido disuelto por ley» el pasado 26 de abril, tal y como ya te contamos en esta noticia de hace tres semanas.
En declaraciones a este digital, el director de la Agencia Antifrau, Joan Llinares, afirma que «la organización por parte de la Agencia Valenciana Antifraude de la 9ª Asamblea de la red NEIWA ha sido muy importante ya que nos ha permitido reunir en Valencia a representantes de 33 autoridades anticorrupción de 24 países europeos y el encuentro ha permitido la adopción de la Declaración de Valencia». Llinares argumenta que «la participación de la Agencia en estas redes internacionales de autoridades anticorrupción nos permiten establecer relaciones de intercambio de información, conocimiento y experiencia que nos ayudan en el trabajo que realizamos cada día».
Además, el director lamenta que «mientras en España muchas personas cuestionan la existencia de agencias y oficinas anticorrupción en el resto de Europa estas instituciones llevan décadas funcionando, incluso se preguntan cómo es posible que en España no contemos todavía con una autoridad nacional de lucha contra la corrupción». Llinares tiene rango de director general. Este año tiene un sueldo público asignado de 64.080 euros brutos. Por su condición de funcionario también percibe trienios de antigüedad.
Denunciar, confiar y proteger
La Asamblea General de la NEIWA ha aprobado la integración de miembros de Bélgica con doble presencia, una de Valonia, Georgia y Luxemburgo. En lo que respecta al apoyo y la protección de los denunciantes, la Asamblea General anima a las autoridades competentes a:
- Elaborar directrices sobre la denuncia de irregularidades para facilitar la interpretación y aplicación de las leyes nacionales; establecer canales accesibles, fiables y seguros; mantener la confidencialidad de la información en todo momento y permitir la denuncia anónima cuando lo permita la legislación nacional.
- Crear ambientes de trabajo de confianza y apertura, propicios para la presentación de informes y la conclusión exitosa de las investigaciones.
- Alentar a los denunciantes a proporcionar información clara y completa sobre las irregularidades de las que tengan conocimiento, asesorarlos sobre los canales, procedimientos y medidas de protección disponibles.
- Informar a los denunciantes y a las personas afectadas de sus derechos y obligaciones.
- Garantizar que los denunciantes no sufran ninguna represalia como resultado de su denuncia, incluidas amenazas y presiones. En caso de represalias, imponer las sanciones que correspondan.
- Rechazar cualquier estigmatización de los denunciantes, reconocer su loable comportamiento cívico y reconocerles su colaboración en la defensa del interés general.
- Recopilar y recopilar datos sobre temas que afectan a la denuncia de irregularidades, por ejemplo, denuncias, represalias, casos legales y cualquier otro aspecto relacionado con la denuncia de irregularidades.
Por otra parte, los miembros de NEIWA también hacen un llamamiento a los legisladores, gobiernos y a todos los involucrados en el proceso de implementación para que:
- Defender la denuncia de irregularidades como mecanismo anticorrupción y el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión e información, ambos en el seno mismo de nuestras democracias.
- Condenar cualquier forma de supresión o limitación de la independencia y eficiencia de las autoridades de integridad y denuncia de irregularidades o entidades similares.
- Fortalecer su capacidad mediante la asignación de recursos suficientes y el reconocimiento de las competencias necesarias para el adecuado ejercicio de sus funciones.
- Valorar, de acuerdo con la legislación de cada Estado, la oportunidad de permitir la presentación de denuncias anónimas, ya que el anonimato es una de las mejores formas de protección de los denunciantes.
- Proporcionar apoyo psicológico a los denunciantes y acompañarlos en las diferentes fases de su actividad de denuncia.
- Prestar apoyo financiero a los denunciantes, en particular en lo que respecta a la indemnización por los daños y perjuicios que se les hayan causado y por los gastos judiciales.
- Fomentar el trabajo y la coordinación de todos los actores en el ámbito de la integridad y la denuncia de irregularidades (policía, fiscalías, poder judicial, otros órganos, etc.), incluida la sociedad civil, ya que su contribución es esencial para el establecimiento de una cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas, que en última instancia conduzca al fortalecimiento de nuestras democracias.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos