La Generalitat de Catalunya ha aprobado este miércoles con urgencia un decreto ley que regula el alquiler de temporada y que completa la Ley Urbana de Arrendamiento (LAU). Esta medida pretende acabar con la «picaresca» de algunos propietarios, que ahora deberán especificar el motivo del arrendamiento y la duración.
Con este decreto ley, Catalunya regula el precio tope del alquier en todas aquellas viviendas que no se utilicen para fines vacacionales, recreativos o de ocio. El objetivo es diferenciar los contratos temporales de los permanentes, porque estos últimos tienen regulado el precio del alquiler en zonas tensionadas.
De esta manera, los únicos alojamientos que quedan fuera de la norma son aquellos que se alquilan con carácter temporal para ocio, vacaciones o fines recreativos, como asisitir a un festival o a un congreso. Sin embargo, el decreto ley deja fuera de este grupo a los alquileres para fines laborales, estudiantiles o médicos, aunque la duración del contrato sea también temporal.
Ester Capella, consellera d’Habitatge, ha confirmado que «el motivo principal de la aprobación de este decreto ley es resolver los agujeros que la ley estatal de derecho a la vivienda ha dejado«. Por eso, este decreto ley concreta lo que se entiende como alquiler de temporada, porque muchos propietarios se habían acogido a estos contratos para burlar la ley.
El texto entrará en vigor en cuanto se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Eso sí, debe ser convalidado en las próximas semanas, aunque hay optimismo para que así sea.
Sanciones de hasta 900.000€ para quien no lo cumpla
Con este nuevo decreto ley, Catalunya obligará a los propietarios a especificar el motivo del alquiler. Si no se concreta, se entenderá que se trata de un contrato de alquiler regular.
Los arrendatarios que no lo cumplan se podrán enfrentar a importantes sanciones, que en el caso de las más graves pueden ascender hasta a 900.000€.
Y la Generalitat también trabaja para regular el alquiler de habitaciones, porque la renta de cada contrato no puede superar en ningún caso el límite establecido para dicho piso en función de la zona en la que se ubique y del resto de circunstancias particulares.