Tres relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han concluido en un informe que las leyes de concordia que PP y Vox han impulsado en algunas comunidades podrían vulnearar los derechos humanos. Además, instan al Gobierno a tomar las medidas que consideren necesarias para combatir dichas leyes.
Hace justo un mes, el Gobierno anunció que llevaría al Tribunal Constitucional, a la ONU y al Consejo de Europea las llamadas leyes de concordia que PP y Vox han puesto en marcha en Aragón, Castilla y León y Valencia. El Ejecutivo considera que van en contra de la memoria democrática y ahora, tres relatores de la ONU le han dado la razón en un informe que han publicado este viernes.
«Las llamadas leyes de concordia aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León y País Valencià podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la Memoria Histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», reconoce el informe.
Los tres relatores de la ONU que firman el informe —Fabian Salvioli, Aua Baldé y Morris Tindball-Binz— han sido muy contundentes en su respuesta. Señalan también que a través de las leyes de concordia «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislación estatal y autonómica vigente en la materia».
El documento rechaza que se evite nombrar, que se omita o se condene el régimen franquista y también considera que las nuevas normas solo alientan las teorías «revisionistas o negacionistas» de la Guerra Civil y la dictadura.
Es más, también apuntan que «pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas, obstaculizan o suprimen la subvención de proyectos» y también pueden invisibilizar «las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista».
Por todo esto, los relatores de la ONU instan al Gobierno a tomar las medidas que consideren necesarias para poner fin a las famosas leyes de concordia y restablecer la memoria democrática. Piden que el Ejecutivo tome «todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos».
Ahora bien, los informes de los relatores de la ONU no expresan en ningún caso la postura de Naciones Unidas, sino que son expertos independientes los que elaboran dichos informes para la ONU.