“Por favor, ¿tiene fuego?” Seguro que estás acostumbrado a escuchar esta pregunta con frecuencia por la calle, en ambientes familiares, con amigos, en la universidad, en el trabajo y cuando sales de fiesta. Detrás de ese gesto hay miles de horas de trabajo, miles de familias que viven del cultivo del tabaco en nuestro país y miles de millones de euros en juego de multinacionales del tabaco que poco a poco ven cómo el Ministerio de Sanidad les ‘acorrala’ con más normas, más impuestos y pésima prensa por las consecuencias sanitarias nefastas que conlleva el consumo continuado de tabaco.
Pero resulta paradójico, ya que el Gobierno quiere seguir recaudando impuestos y ha dejado en un cajón una subida del precio del tabaco del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 orientado a reducir su consumo y a lograr una generación libre de tabaco en España. El documento se aprobó en Consejo de Ministros el 30 de abril y queda un largo camino para su total implementación y puesta en marcha. Sin embargo, a las primeras de cambio, el departamento que dirige Mónica García se ha encontrado con oposiciones del lobby de la hostelería, de las tabaqueras y de los sanitarios (que piden medidas más restrictivas). Y en este ‘berenjenal’ también se han colado los agricultores de Extremadura, la principal región productora nacional, ya que el empaquetado genérico perjudica sus intereses con la competencia de otros países terceros. Resultado: manifestaciones en Madrid delante del Ministerio de Agricultura para que el ministro del ramo, Luis Planas, los reciba, sin éxito. La última, el pasado 30 de abril.
Según datos oficiales, censo agrario de 2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, existen 1.052 explotaciones con cultivo de tabaco en España, el 94% están en Extremadura. Cuenta con la Organización Interprofesional del Tabaco (OITAB) que engloba casi toda la producción e industria de primera transformación y hace de interlocutor entre los eslabones de la cadena y el Ministerio. Además, existen tres organizaciones de productores reconocidas.
Otros datos maneja el sindicato Unión de Pequeños Agricultores (UPA), que calcula 1.500 explotaciones productoras de tabaco y 17.000 empleos directos que dependen del sector. Por el contrario, la Unión de Extremadura, una organización agraria, calcula que el Plan Integral de Sanidad afectaría a 20.000 familias de La Vera y el Campo Arañuelo, en el norte de la región. El resto de la producción se concentra en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Navarra. Concretamente, solo piden abrir una línea de diálogo permanente con todos los actores del sector y hacer compatible la salud pública con el “cultivo legal y sostenible”. Y otro baile de cifras: Asaja Extremadura cifra en cerca de 16.000 los empleos que podrían peligrar. Además, un informe de la Junta de Extremadura cifra el impacto del cultivo en 1.188 empleos directos, “sin cuantificar los impactos indirectos e inducidos ni el empleo en fases de transformación y comercialización”. La falta de lluvias, el aumento de los costes de producción desde 2022, la competencia de otros países y los recortes de las ayudas de la PAC siguen haciendo mella en los bolsillos de los agricultores, que no podrían aguantar un segundo año de sequía.
Si comparamos, la producción española supone cerca del 19% de la producción de la Unión Europea (tradicionalmente ha sido el 2º productor de la UE) y el 0,5% de la producción mundial. Pero entre tantas apreturas para el sector, parece que no todos lo viven con la misma intensidad ni con el mismo dinero en la cuenta corriente, como el presidente de Cetarsa, Juan Andrés Tovar.
Cetarsa
La Compañía Española de Tabaco en Rama S.A. (Cetarsa) es una empresa pública estatal integrada en la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). La mercantil se dedica “a la adquisición, fermentación, procesado, batido, acondicionamiento y comercialización nacional e internacional de tabaco en rama. Se trata de la única empresa transformadora de tabaco en rama de España. Sus dos fábricas y su centro de compra y almacenaje de tabaco se encuentran en la provincia de Cáceres”.
Exactamente, Cetarsa “compra la mayor parte de la cosecha de tabaco nacional y da asistencia técnica a los agricultores para mejorar la calidad del producto, reducir costes y fomentar cultivos respetuosos con el medio ambiente”, según podemos leer en la página web de la firma. Tras el procesado del tabaco, la Compañía comercializa “sus productos a los mayores fabricantes de cigarros y cigarrillos del mundo”. Exporta a más de 60 países de los cinco continentes.
Tovar percibe un sueldo público regulado por un Real Decreto de 2012 sobre el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos del sector público empresarial y otras entidades. Exactamente, “las retribuciones de este personal están integradas por una retribución básica, un complemento de puesto y un complemento variable que se abona en función del cumplimiento de los objetivos asignados conforme a parámetros evaluables”. Eso sí, el variable se cobra al año siguiente en función de la evaluación del cumplimiento de los objetivos en el ejercicio anterior. En 2023, Tovar cobró 130.733 euros de retribución fija y 54.086 euros de variable por sus objetivos cumplidos en 2022. En total, casi 185.000 euros. Además, no se pagó indemnización alguna a altos cargos o máximos responsables.
Alcalde, diputado provincial, senador
Juan Andrés Tovar Mena es presidente de Cetarsa desde julio de 2018, unas semanas después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa tras la moción de censura contra Mariano Rajoy. Nació en Casar de Cáceres en 1955. Cursó el bachiller superior, no tiene estudios universitarios, pero eso no le ha impedido tener una dilatada carrera política encadenando varios cargos electos.
Ha sido teniente de alcalde de su pueblo entre 1979 y 1991; alcalde entre 1991 y 2007; diputado provincial y vicepresidente de la Diputación de Cáceres entre 1989 y 1996; presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor, entre 1993 y 2003; presidente de la Diputación de Cáceres, entre 2003 y 2011; senador entre 2011 y 2018. Además, ha sido presidente de la Federación Española de Universidades Populares, de Paternalia, de Indentic y Felcode. Desde julio del año pasado es presidente de AUPEX, Asociación de Universidades Populares de Extremadura.
Los otros altos cargos de Cetarsa, cuyo sueldo no aparece publicado son los del director general, Ricardo Miranda; director comercial, Enrique Carlón; director de Administración y Finanzas, José Carlos Hidalgo; director de Operaciones Industriales, Marcos Jesús García. A 31 de marzo de 2024, Cetarsa no ha recibido ni concedido ninguna subvención ni ayuda pública.
Carles Torrijos
Fundador y director de Sueldos Públicos